Apremiados por el plazo establecido por el Ejecutivo para el despacho de la reforma educacional, el Gobierno y los senadores oficialistas de la comisión de Educación trabajan en las indicaciones relativas al proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago.

Algunos de los puntos de acuerdo se refieren al parecer a la diferenciación entre los establecimientos pequeños -de menos de 500 alumnos- y los de mayor tamaño respecto del plazo para transitar hacia el término del lucro; la aceptación de la selección en caso de proyectos educativos específicos y la postergación del inicio del copago, en un aparente intento por moderar el impacto que la reforma pueda tener en el sistema educativo con la implementación simultáneamente de todos los cambios, y responder a las inquietudes de los padres y los sostenedores.

No ha estado exenta de polémica la indicación que apunta a diferenciar los colegios con fines de lucro según su tamaño, otorgándoles un mayor plazo de adaptación a aquellos de menos alumnos, abriendo la posibilidad del comodato y ofreciéndoles asistencia jurídica y contable de parte del Ministerio de Educación, de manera de no afectar el funcionamiento de estos establecimientos que representan alrededor del 80 por ciento de aquellos con fines de lucro y reúnen al 34 por ciento de la matrícula.

En carta a "El Mercurio", los sostenedores del Colegio Particular N° 95 Andrés Bello de Chiguayante, fundado en 1980 por la madre de un profesor exonerado político, dan cuenta de las dificultades que deberán enfrentar para adecuarse a la nueva normativa, poniendo en riesgo un proyecto exitoso que comenzó como un emprendimiento familiar con 46 alumnos y que hoy cuenta con mil 600 estudiantes y gran reconocimiento académico.

Si bien la indicación referida ofrece facilidades de adecuación a los establecimientos pequeños con fines de lucro -en su mayoría de un sostenedor-, dando cierta estabilidad a un número importante de escuelas, esta diferenciación no tiene conexión con los procesos educativos ni distingue acerca de la calidad de la educación impartida por establecimientos de menor tamaño. La propuesta parece una medida de gestión política para atenuar las resistencias a la reforma.

Sostenedores y padres ven con preocupación cómo afectará la reforma a su establecimiento en particular, pues al igual que la escuela de Chiguayante, no tienen certeza sobre la viabilidad del proyecto educativo en que participan. Y, como constató la Encuesta Bicentenario, esa modalidad es la más valorada -por alrededor del 70 por ciento de los chilenos-, pues es a los colegios particulares subvencionados a los que se les atribuyen, en mayor medida, ciertas características positivas como el alto rendimiento académico, la mantención de la disciplina y las mejores condiciones de infraestructura y equipamiento.