Signo de la profundidad alcanzada por el fenómeno es la indiferencia pública ante las recurrentes cifras de encuestas dando cuenta del desprestigio de la política. Un ejemplo es la última CEP, según la cual el 53% de los chilenos se declara "nada interesado" en ella, mientras el 64% cree que los políticos solo se involucran en esa actividad por los beneficios personales que puedan obtener. A tales percepciones se suman la altísima abstención registrada en los últimos procesos electorales y la consiguiente constatación del fracaso de la fórmula de inscripción automática y voto voluntario como mecanismo para reencantar a la ciudadanía. Ni las repetidas advertencias en relación a los peligros que esta situación acarrea para la salud democrática ni la abundancia de ejemplos que al respecto ofrece nuestra región han sido suficientes para motivar la adopción de acciones eficaces.

Una década después de que una comisión transversal e interdisciplinaria convocada por el Ministerio de Educación entregara una propuesta integral para abordar el grave vacío del sistema escolar en materia de educación cívica, los avances en su implementación han sido mínimos. Así, los estudiantes chilenos continúan egresando de la enseñanza media sin comprender el sentido de la actividad política y la vinculación de esta con intereses y valores relevantes para sus propias vidas. No es sorprendente que algunos sean luego cooptados por movimientos antisistémicos de escasa densidad, que se alimentan de esa ignorancia, mientras un gran grupo deriva en la apatía y la descalificación.

Nada contribuye a superar esa falencia el más masivo de los medios de comunicación, la TV abierta, que da escasa presencia al debate político pluralista en su programación. En efecto, salvo contadas excepciones, el espacio para esta suele reducirse a la denuncia escandalosa o a la presentación frívola de sus protagonistas. El debate serio sobre los asuntos públicos casi no existe en nuestras pantallas. En contraste, producciones de ficción e incluso espacios misceláneos expresan a menudo, y de modo unilateral, el sesgo ideológico de sus realizadores o de quienes los conducen.

Responsabilidades propias

Por cierto, severa es la responsabilidad de los propios actores políticos en el desprestigio de su actividad. Ejemplos abundan: la tentación clientelista que lleva a muchos parlamentarios a priorizar la "alcaldización" de sus funciones por sobre la discusión de ideas; el temor a la impopularidad que se expresa, por ejemplo, en la imposibilidad de adoptar una decisión tan obvia como el regreso del Poder Legislativo a la capital; la opacidad en el funcionamiento de los partidos políticos; el muy lento avance en la modernización del trabajo en el Congreso, pese a valiosas medidas de transparencia allí incorporadas, o la banalización de la iniciativa legislativa, evidenciada en la presentación recurrente de proyectos pobremente sustentados, como respuesta a cualquier situación de impacto público.

Se suma a tales debilidades la de no lograr identificar correctamente las causas del desprestigio, y apostar reiteradamente a supuestas soluciones cuyo error se demuestra a poco andar. En esa línea, por ejemplo, se insiste hoy en que el cambio del sistema electoral reactivaría el interés ciudadano por la política, obviándose que nada de eso ha ocurrido a nivel municipal, donde ya opera un mecanismo de proporcionalidad. Peor aún, la discusión legislativa del tema se ha transformado en un poco edificante ejercicio de repartición de cupos.

Financiamiento: una propuesta equivocada

El mismo error de diagnóstico se evidencia en el proyecto sobre financiamiento de la política presentado esta semana por el Gobierno. Desde luego, desperdicia este la oportunidad de, por la vía de los aportes estatales, incentivar la modernización de las precarias institucionalidades partidarias, o fortalecer la acción de centros de estudios que -siguiendo el ejemplo alemán- permitan mejorar la calidad del debate público. En cambio, por el camino de reducir los límites de gasto electoral y restringir la propaganda favorece la reelección de los incumbentes y el anquilosamiento del sistema.

Particularmente complejos son los alcances de la propuesta gubernamental de proscribir los aportes de las empresas al financiamiento político. Presentada como una forma de evitar abusos, la experiencia internacional muestra que este tipo de prohibiciones suele fracasar en tal objetivo. Pero, además, una medida así agudiza el distanciamiento entre la actividad política y los empresarios. El retiro de estos del debate público y el consiguiente empobrecimiento de la discusión han traído nefastas consecuencias en países vecinos. Al contrario, es signo de vitalidad en una democracia la expresión activa de las personas, tanto individualmente como en sus distintas formas de asociatividad, una de las cuales es la empresa. Impedirlo significa coartar libertades y empobrecer la discusión.

La última Enade, al omitir la tradicional participación de líderes de distintos sectores en sus paneles, ya mostró un preocupante repliegue de los empresarios frente a la actividad política. Ahora es el mundo político -incluida una figura como el ex candidato presidencial Joaquín Lavín- el que pretende relegarlos a ellos. No se advierte cómo aquel divorcio pudiere contribuir a resolver los problemas de nuestra democracia.