En el clima de desaceleración económica imperante, en el que las expectativas de las empresas permanecen cautelosas y aletargadas y el Ejecutivo despliega planes para generar un mejor ambiente inversor, provoca sorpresa y desazón que se plantee por la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional un impuesto a las cosechas de árboles -en más de 200 hectáreas- de las forestales. Se establece que estas "se mantendrán exentas del pago del impuesto predial, pero al cosechar pagarán al municipio respectivo un impuesto de 20 UTM por hectárea", equivalente a unos US$ 1.400. Se ha estimado que ese monto equivale de un 20% a 45% de las utilidades en el caso de plantaciones de pino, y entre 36% y 59%, para el segmento de eucaliptos, que obviamente desalientan el esfuerzo inversor en el rubro.

Por otra parte, resulta ejemplificador, de la perspectiva que adopta la comisión para hacer sus propuestas, el proponer que "la ley contemple incentivos tributarios para empresas y personas que decidan instalarse en regiones y desarrollar proyectos en dichos territorios", pero que "este beneficio debe focalizarse en las personas naturales, y en las pequeñas y medianas empresas, por lo que deben excluirse las empresas extractivas de gran escala, y las empresas que constituyen cadenas con presencia nacional". De esa manera, no colabora con la llegada de capitales importantes que ayuden a la descentralización, incluso antes de considerar impuestos adicionales como el que grava las cosechas forestales.

Si lo que está detrás de este impuesto forestal -que por su naturaleza impacta a la industria maderera, de tableros y celulosa, entre otras- es un royalty , que grava las rentas provenientes del acceso privilegiado a tierras naturalmente aptas para su explotación forestal, o bien, que grava el corte de especies nativas de difícil sustentabilidad, entonces este impuesto está mal dirigido. La mayor parte de las cosechas forestales corresponde a plantaciones artificiales, producto de inversiones hechas por las compañías involucradas, en muchas ocasiones utilizando tierras de escasa productividad con pocos usos alternativos, en que la eficiencia productiva no es el resultado de una ventaja natural específica, sino del mejoramiento genético y productivo, lo que contrasta con el razonamiento económico detrás del royalty . A mayor abundamiento, este es un impuesto concebido para una industria específica y no responde a una regla de aplicación general. Es de esperar que esta propuesta no prospere, por el bien de una industria nacional importante, que genera empleo y mejores condiciones de vida a la gente que trabaja en ella, y en la cual invierten sus ahorros centenares de miles de chilenos directamente o a través de sus fondos previsionales.