M. Vega y R. Franco

"Las propuestas que hay sobre la mesa, ciertamente van a ser modificadas. Vamos a tener que ponernos de acuerdo en la Nueva Mayoría, y estamos trabajando en ello", dijo ayer el senador Ricardo Lagos Weber (PPD). Y agregó: "Vamos a tener una propuesta e indicaciones consensuadas entre nosotros, que no nos van a hacer perder el norte".

Efectivamente, el lunes -inicialmente estaba previsto para hoy, pero se aplazó, por motivos de agenda- los senadores que trabajan con el Mineduc en las indicaciones al proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección pondrán las cartas sobre la mesa. Ese día, cada una de las partes presentará sus propuestas, incluido el Gobierno.

Y aunque en el grupo hay representantes de la DC, del PPD y del PS (miembros en las comisiones de Hacienda y Educación y los jefes de bancada), se han generado tres subgrupos para este propósito. Uno lo conforman los siete integrantes de la bancada DC, otro está compuesto por los senadores Fulvio Rossi (PS) y Jaime Quintana (PPD) -que se articula también con Juan Pablo Letelier (PS) y Guido Girardi (PPD)-, y en un tercero participan los socialistas Carlos Montes y Rabindranath Quinteros; los PPD Ricardo Lagos Weber y Adriana Muñoz; el senador del MAS, Alejandro Navarro, y el independiente Alejandro Guillier. "El Mercurio" tuvo acceso a los lineamientos de las propuestas que elabora cada sector.

Después de lo que se resuelva el lunes, el oficialismo contará con diez días para acordar las indicaciones, que deben presentarse hasta el 2 de enero. Luego, en un cronograma prácticamente sin espacio para modificaciones, el proyecto de discutirá y votará en particular en las comisiones unidas de Hacienda y Educación, y luego en sala, desde donde debe despacharse el 20 de enero. Luego, la Cámara tendrá diez días para el tercer trámite, y si la Nueva Mayoría consigue no ir a comisión mixta, el proyecto estaría aprobado el 31 de enero, cuando acaba el año legislativo.

Plazos para el copago

Si bien hay consenso en el oficialismo en cuanto a terminar con el copago, hay diferencias respecto de cuándo y en cuánto tiempo debe concretarse. Mientras la DC propone que comience tal como está previsto en el proyecto -es decir, en 2016, un año después de aprobada la reforma-, los otros grupos consideran mejor aplazar su implementación en uno o dos años, para contar con tiempo para fortalecer la educación pública y evitar una fuga a la subvencionada.

Además, desde el sector liderado por Montes y Lagos Weber propondrán acortar el plazo previsto para terminar totalmente con el copago en al menos la mitad del tiempo que ha proyectado el propio ministro Eyzaguirre. La autoridad ha estimado que se requieren más de 20 años para cubrir "peso por peso" los aportes de las familias. Según los cálculos oficialistas, la única manera de reducir este plazo sería hacer una fuerte inversión -no contemplada por el Ejecutivo-, o sacrificar el concepto "peso por peso" en los colegios con mayor copago. En sus indicaciones, la DC pone de manifiesto su inquietud porque la fórmula de eliminación del copago no logre este objetivo.

Fin a la selección

El término de la selección es uno de los puntos que generan más diferencias en el oficialismo, pese a que hay consenso en cuanto a prohibir cualquier tipo de discriminación arbitraria o por motivos socioeconómicos. Mientras que el eje Rossi-Quintana planteará que sea obligatorio para los colegios el uso de un mecanismo centralizado de admisión, establecido por el Mineduc, la DC promueve que haya excepciones a la regla general para que un colegio "en razón de su proyecto educativo y/o por discriminación positiva" pueda emplear procesos de admisión propios autorizados por la autoridad y recurriendo al Consejo Nacional de Educación como órgano de apelación.

Por su parte, el tercer grupo evalúa proponer que los colegios artísticos, deportivos, científicos u otros similares reserven un porcentaje máximo de cupos para alumnos "aventajados" y que el ingreso general sea sin selección. Esto, sin embargo, no está totalmente resuelto dentro del sector, que sí apoya que los colegios hagan "algún tipo de clasificación interna".

Todos coinciden en dar prioridad a alumnos con discapacidad, pero vuelven a discrepar respecto de los colegios emblemáticos. Mientras Rossi y Quintana proponen un plazo máximo de cinco años para que también ahí acabe la selección, los otros hablan de darles un plazo de transición para adaptarse al proceso. El sector Montes-Lagos Weber propone también crear una "norma excepcional para favorecer la integración social".

La DC plantea la necesidad de ampliar los plazos de transición a seis años o más, mientras que el sector Montes-Lagos Weber plantea "aplicar el fin a la selección de forma gradual, comenzando por el primer nivel (1º básico o 1º medio)".

Lucro y arriendos

En el eje lucro también hay diferencias. La DC plantea que la prioridad debe ser ofrecer incentivos para la venta de establecimientos -que sea a precio comercial, en valores de mercado, con crédito a 25 años y garantía estatal- y dar opciones para quienes no puedan comprar su edificio, como el comodato o los arriendos. Además de la posibilidad de arrendar entre entidades relacionadas sin fines de lucro -principalmente iglesias- y entre terceros no relacionados, propone "permitir un arriendo regulado respecto de ciertos sostenedores que no quieren vender y que actualmente perciben fines de lucro". Esto, de todas formas, es estudiado por el Ejecutivo.

El tercer grupo plantea "establecer un régimen de transición para establecimientos de matrícula inferior a 400 alumnos", mediante el cual se extiende el plazo para modificar su organización jurídica e infraestructura. También plantean ofrecer alternativas para el proceso de transición de la propiedad a una corporación sin fines de lucro y estudian proponer como alternativa el comodato. Rossi y Quintana se oponen férreamente a cualquier posibilidad de arriendo entre partes relacionadas.

La DC no ha resuelto su postura respecto de penar el lucro, pero sí lo hacen los otros dos grupos, que plantean tratar dicha práctica como una malversación de recursos públicos.

Las otras propuestas que buscan mejorar la reforma educacional

Los senadores de la Nueva Mayoría también han abordado otras propuestas que no atañen al lucro, copago y selección. En el caso del eje Rossi-Quintana, ellos han planteado en sus documentos la creación de nuevos colegios y, en ese sentido, señalan que se debe incorporar "la asignatura de educación cívica con carácter obligatorio en enseñanza básica y media para todos los establecimientos escolares del país".

Quintana, además, está evaluando proponer que todos los colegios deban ser mixtos.

Por su parte, el senador Carlos Montes (PS) con su par del PPD Ricardo Lagos Weber, junto a los otros parlamentarios del grupo que han conformado, han establecido en sus textos "otorgar becas a los alumnos vulnerables en establecimientos que abandonen el régimen de subvención". Así como añadir un trabajo conjunto de la Superintendencia, Contraloría y Servicios de Impuestos Internos (SII) para que colegios lleven su contabilidad. En tercer lugar, establecen la recuperación y funcionamiento de la educación pública desde 2016 a 2021 y agregar una indicación a la ley del Simce aprobada en el Presupuesto 2015.

Los senadores proponen que, en caso de quiebra, los colegios "deberán seguir funcionando con apoyo del Mineduc". Y complementan: "En caso de inviabilidad de continuar con el proyecto educativo por otros motivos, intervención pactada del Mineduc". Por último, indican que se debe regular la educación técnico-profesional a través del plan de apoyo a profesores, ingreso directo a la universidad, mejorar especialidades, entre otros.

En tanto, los siete senadores de la DC contemplan en sus documentos "temas importantes aún no tratados", en los que consideran: reglas de admisión para los colegios particulares pagados, regulación de cancelación de matrícula, definición de reglas de aplicación a la educación especial en procesos de admisión, y penalización del lucro con cárcel.

También añaden que las agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE) estén organizadas como "entes sin fines de lucro".