El Metro de Santiago vive momentos complejos a raíz de las fallas que ha experimentado en el último tiempo y especialmente como consecuencia de la severa crisis del día 14 de noviembre, que implicó grandes trastornos al transporte de los habitantes de la capital.

La empresa -que venía arrastrando desde que se inauguró el Transantiago un detrimento de su calidad de servicio- ha sufrido cuestionamientos que afectan su reputación corporativa y abren interrogantes respecto de los costos que debe asumir para seguir siendo el eje central del sistema de transporte capitalino.

La última crisis no solo evidenció debilidades operacionales, sino también falencias en cuanto a la manera en que se ha manejado la compañía. Algunas atañen a la propia empresa estatal, como la decisión de externalizar parte del mantenimiento o la alta rotación de su personal, pero la más importante recae en su gobierno corporativo como empresa pública. El hecho de que el cargo de gerente general permaneciera vacante durante seis meses resulta inexplicable y, asimismo, la renovación completa de su directorio por parte del actual gobierno ha probado ser claramente inconveniente para la compañía.

Cuántas empresas -de cualquier ámbito- no verían afectada su gestión si cambia completamente su directorio de un día para el otro, como ocurrió con el Metro tras asumir el nuevo gobierno. La anterior administración tuvo la precaución de mantener al ex presidente, Clemente Pérez, como director en la nueva etapa. Esa práctica, a todas luces razonable, no se replicó en las designaciones de este gobierno, el que si bien nombró un directorio calificado, lo hizo a costa de la continuidad indispensable para sostener políticas de largo plazo.

Detonada la crisis, el Gobierno designó a Rodrigo Azócar como nuevo presidente de la empresa. Y si bien la designación podría ser adecuada -se trata de un ex gerente general de la misma, con vasta experiencia en Metro S.A.-, ella se realizó al margen de la institucionalidad del Sistema de Empresas Públicas (SEP), lo que acrecienta la fragilidad institucional de la compañía. Hay que tener presente que de acuerdo con el propio reporte de Sostenibilidad 2013 del tren subterráneo, una de las funciones del SEP respecto de Metro es "designar a los miembros del directorio y su presidente", algo que en rigor no sucedió en este caso. Más paradójico aún es que el propio Azócar estaba en la terna de la Alta Dirección Pública para la gerencia general, y el actual directorio, en septiembre de este año, prefirió elegir a quien hoy encabeza la empresa, Rubén Alvarado.

La primera entrevista otorgada por el nuevo presidente confirma su amplio conocimiento de la empresa estatal. Sin embargo, sus aseveraciones y primeras actuaciones parecen más propias de quien encabeza la gestión de la empresa que del titular de su directorio. Ello hace que su institucionalidad vuelva a quedar en cuestión, ahora por una confusión de roles entre el directorio y la gerencia.

La crisis del Metro debe servir no solo para hacer las urgentes correcciones operacionales que necesita el tren subterráneo, sino que también servir de oportunidad para realizar mejoras institucionales a la conducción de las empresas públicas en general, y en especial para una empresa de la relevancia de Metro S.A. Es urgente darle una mejor institucionalidad a los nombramientos de directores y darle curso a la ley que mejora la estructura legal del SEP. Asimismo, parece necesario establecer -tal como se hizo con el gobierno corporativo de Codelco- que no todas las designaciones sean de exclusiva confianza del Presidente, además de una renovación alternada y gradual de sus directorios.