En medio de la crisis económica, y horas antes de que terminaran sus "poderes habilitantes" (otorgados por la Asamblea Nacional), Nicolás Maduro firma una batería de decretos que ponen un cerrojo definitivo a la democracia y la economía venezolanas. Las nuevas leyes y las reformas a otros instrumentos legales se conocieron 48 horas después que el líder opositor Leopoldo López fuera impedido de recibir la visita de una delegación de la Internacional Socialista, encabezada por José Antonio Viera-Gallo, la que tampoco fue recibida por las autoridades venezolanas para hablar sobre derechos humanos. El camino de Venezuela hacia el socialismo más retrógrado parece el objetivo del gobierno, que denuncia amenazas diversas a la economía y a la sociedad desde los sectores opositores verdaderamente democráticos.

Con los nuevos decretos y las reformas a otras leyes, Venezuela puede sufrir definitivamente el colapso de su economía. Supuestamente promulgados para darle un empuje, los textos legales serán un impedimento para la iniciativa privada, al aumentar regulaciones, disponer nuevos impuestos y establecer prohibiciones que coartan la capacidad productiva. Con una reforma tributaria que sube impuestos a artículos de lujo, cigarrillo y alcoholes, excepto a la cerveza, "porque es la bebida del pueblo", se busca recaudar más y así compensar la fuerte caída de ingresos por la baja de los precios del petróleo, que representa el 96 por ciento de las exportaciones. Una ley antimonopolios sancionará los "incumplimientos a la libre competencia, a quienes abusen del consumidor o produzcan desajustes económicos". Es evidente que esta ley se aplicará para castigar a cualquier productor que no esté en línea con lo que el gobierno exige. Otro decreto es directamente expropiatorio: el "cobro ejecutivo", que significa que los activos de cualquier empresa que se declare en quiebra pasan automáticamente al Estado. En el ámbito político, la ofensiva contra la sociedad es aun más dura. Con el pretexto de luchar contra la corrupción, Maduro anunció un decreto que crea un cuerpo nacional y una policía anticorrupción, formada por "hombres incorruptibles" que harán labores secretas de lucha contra ese flagelo. Estos entes recibirán denuncias e información de las organizaciones chavistas ciudadanas, y tendrán acceso a los informes de un centro de información financiera, que todos consideran una agencia de espionaje.

Otra ley que hace que Venezuela avance un nuevo paso hacia un Estado policial es precisamente la que reestructura los cuerpos de seguridad, supuestamente para revertir el hecho de que el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo, con la segunda tasa más alta de homicidios. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación tiene por objetivo luchar contra "el terrorismo y garantizar la vida de los venezolanos... ante la amenaza paramilitar que se ha instalado... por culpa de la ultraderecha terrorista".

Esas palabras de Maduro no pueden sino ser una amenaza a la oposición de que ante cualquier acto de protesta callejera que sea maliciosamente interpretado como terrorismo le será aplicada esta legislación. El futuro de Venezuela está hoy más amenazado que nunca, porque es evidente que estas últimas medidas llevan al país rumbo a una dictadura o a su colapso.