Por versión de la fiscalía exclusiva para atentados explosivos, se ha hecho público que el 5 de noviembre en curso un trabajador de una obra en la zona centro-sur de la capital encontró un bolso apoyado contra la pared de la Dirección Metropolitana de Gendarmería. Se lo llevó a su lugar de trabajo y, al abrirlo, encontró un extintor. En realidad, era una bomba que no identificó como tal. Otros trabajadores le recomendaron llevar el artefacto al recinto de Gendarmería, pero la guardia de esta le habría instruido llevárselo de allí. El trabajador optó por dejar el bolso en el bandejón central de Vicuña Mackenna, frente a las dependencias de esa entidad, donde fue encontrado al día siguiente. Un jardinero lo vio y avisó nuevamente a Gendarmería. Esta vez, los gendarmes llamaron a Carabineros, y el operativo resultante estableció que se trataba de una bomba con pólvora negra, que al parecer no se activó por una falla en el sistema de relojería.

Esto ilustra, desde luego, que pese a las experiencias ya sufridas, algunos entes estatales carecen de un protocolo de actuación que realmente se aplique frente al hallazgo de objetos sospechosos o simplemente no lo aplican. Esto es especialmente grave en el caso de los organismos que más probablemente pueden ser blanco natural de acciones terroristas.

En la situación comentada, lo razonable habría sido que Gendarmería alertara de inmediato a Carabineros e informara, cuando menos, al ministerio del que depende. No quedan claras las razones para que nada de eso ocurriera.

Más allá de la eventual omisión de denuncia por Gendarmería que actualmente investiga la Fiscalía Metropolitana Sur, lo ocurrido evidencia también la urgencia de que Chile cuente con un sistema que unifique y haga homologables los datos sobre violencia y delincuencia que recopilan todas las instituciones vinculadas a su prevención, persecución y sanción, así como a rehabilitación y reinserción social de los hechores. Esto concierne a policías, fiscalías, Gendarmería, tribunales, Sename, Servicio Médico Legal, Registro Civil, entre otros. Tales datos deberían ser siempre accesibles a todas ellas, a las entidades públicas y privadas que las recaben, así como a la ciudadanía.

Hay al respecto una situación expectante: en su intervención en el reciente Consejo Consultivo de Paz Ciudadana, el ministro del Interior anunció que al 31 de diciembre entrante -para lo cual faltan pocas semanas- nuestro país contaría finalmente con un Banco Unificado de Datos, que reuniría la información referida y contribuiría a evitar descoordinaciones tan burdas como la comentada, que solo por azar no cobró una o más vidas. "Esto no da para más", dijo entonces el ministro Peñailillo, refiriéndose específicamente a los problemas de coordinación en el manejo de la información antidelincuencia.

Cabe esperar que esta medida efectivamente se haga realidad en el plazo anunciado. Los órganos estatales han tenido largo tiempo para estudiar su fundamento e implementación. Ya en septiembre de 1994 se hizo entrega de un acabado proyecto técnico sobre esta materia -el Sistema Unificado de Estadísticas Delictivas- al entonces Presidente Frei Ruiz-Tagle, quien lo acogió con vivo interés y expresó su apoyo. Lamentablemente, las resistencias institucionales a compartir información han sido muy fuertes. Con todo, la creciente conciencia pública sobre los costos sociales que envuelve la falta de este sistema unificado y la firme voluntad política expresada por el ministro Peñailillo permiten albergar una razonable expectativa de que finalmente se logre dar este paso básico en pro de la seguridad de todos los chilenos.