Los sistemas escolares masivos suelen descansar en una educación subvencionada de carácter estatal o de provisión mixta, sin perjuicio de la presencia de una pequeña educación particular pagada que suele estar poco regulada en materia de admisión, cobro de aranceles y organización jurídica. Los primeros aspiran - aunque no fueron creados con este propósito- a que todos los estudiantes, independientemente de su origen, tengan las posibilidades de aprender y alcanzar un desarrollo personal integral. El aseguramiento de la calidad para todos quienes asisten a la educación es un principio igualitario fundamental. Por eso, el desafío central de un sistema escolar es que todas sus escuelas sean efectivas. La forma específica, ya sea organizacional o jurídica, que tiene un plantel escolar no parece tan relevante y es posible encontrar mucha diversidad en esta dimensión.

Es cierto que no es muy frecuente encontrar planteles con fines de lucro como ocurre en Chile, pero ello tiene que ver con un particular desarrollo histórico, iniciado en el siglo XIX, que se explica por el aporte que podían hacer estas instituciones a la satisfacción de ese principio de igualdad, particularmente a través de su contribución en materia de cobertura. En la actualidad, resuelto en gran medida ese problema, muchos de estos establecimientos están ayudando a satisfacer una educación de igual calidad para todos. Mientras sigan satisfaciendo ese desafío es realmente inentendible que se quiera forzar su reorganización sin saber cuál es el impacto de esta medida. Las autoridades no han podido explicitar una razón válida y apenas han argüido que carecerían de suficiente confianza y legitimidad, pero paradójicamente los padres los prefieren sobre los planteles municipales en una proporción abrumadora. Más bien son estos los que generan su desconfianza. La elección de los padres, apoyada en un Estado que promueve un principio igualitario de calidad, debería determinar el destino de nuestros establecimientos educacionales, y no dudosas consideraciones oportunistas de carácter político.

Asimismo, es curioso que se niegue a los padres que asisten a la educación subvencionada la posibilidad de complementarla con recursos propios en colegios con financiamiento compartido, con el argumento de que con ello se corre el riesgo de reproducir las desigualdades de origen. Pero la educación particular pagada, que en algunos países es todavía más importante que en Chile, ¿acaso no produce ese efecto con más fuerza? Sin embargo, nadie sugiere que esta educación debería desaparecer. Y el financiamiento compartido, ¿no es una oportunidad para que familias que no pueden financiar un colegio particular pagado puedan combatir, en ausencia de un fuerte compromiso de gasto del Estado, las desigualdades de origen? ¿Pero qué pasa -podría contraargumentarse- con los más vulnerables, que no solo no pueden acceder a colegios pagados, sino tampoco a colegios subvencionados con copago?

Pues bien, el Estado tiene instrumentos poderosos para corregir este problema. La subvención escolar preferencial es uno de ellos. Con estos recursos las familias podrían acceder al 95 por ciento de los colegios con financiamiento compartido. Pero eso no ocurre, porque no se les informa a las familias vulnerables que han sido acreedoras a esta subvención y que la podrían aplicar en cualquier establecimiento escolar si se quiere más inclusión. Quizás no es este el principio, más allá de lo que nos informan las autoridades, que se persigue con la actual reforma y tampoco el de igual calidad. Puede ser que el objetivo último sea volver a un sistema con predominancia estatal, pero hay dos formas de hacerlo. Convenciendo a los padres de las bondades de esa educación o limitando las libertades de los padres. Parece que se ha optado por el segundo de estos caminos. Ello se nota, además, en las restricciones para ejercer la libertad de enseñanza que son especialmente notorias en las pocas oportunidades que tendrán los colegios religiosos para asegurar un compromiso efectivo de las familias con la comunidad de valores que su proyecto educativo quiere promover. Con todo, no deja de ser paradójico que en el intento por recuperar la predominancia estatal en la matrícula el proyecto dañe tan severamente a los liceos municipales selectivos que, sin lugar a dudas, son de los pocos emblemas que le están quedando a la educación estatal.