Está pendiente la improrrogable tarea del gobierno mexicano para fortalecer el Estado de Derecho, contener la violencia y reformar la justicia y la policía. Todo parecía ir bien para el Presidente hasta que otro macabro asesinato colectivo ha puesto en peligro su prometedora gestión.

Peña Nieto prometió reformas profundas para modernizar la economía, combatir la corrupción y detener la violencia. Con esos propósitos negoció y consiguió con opositores el Pacto por México.

Ahora se le reprocha lentitud en su reacción ante la brutalidad criminal, demora en su reforma a la justicia penal y priorización excesiva de las reformas económicas por sobre las medidas para garantizar la seguridad ciudadana. También se cuestiona la honorabilidad de la pareja presidencial.

En el estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos, 43 estudiantes activistas de un pedagógico fueron muertos y desaparecidos en la ciudad de Iguala, probablemente por la policía municipal en combinación con narcotraficantes. Por la lenta reacción debió renunciar el gobernador del estado y, acusados de participar en los crímenes y en tráfico de drogas, fueron puestos en prisión el alcalde de Iguala y su cónyuge, todos militantes del PRD.

Error no forzado del Mandatario

El Presidente Peña Nieto calculó mal: pese al drama que sacudía al país, mantuvo una extensa gira a China, a la reunión de jefes de gobierno del APEC, y luego a Australia, a la cumbre económica mundial del G20. Para peor, la prensa publicó que su esposa, una afamada actriz de telenovelas, había comprado una casa por un valor estimado de siete millones de dólares, con un financiamiento muy favorable e imposible de cumplir con sus ingresos. La propiedad fue adquirida de una empresa constructora que había suscrito un importante contrato con el Estado. El Presidente se ha visto forzado a anular el contrato con la constructora, obligado a presentar una declaración de bienes valorizada en unos pocos millones de dólares y compelido a su cónyuge a desprenderse de la casa.

Una de las principales reformas introducidas por Peña Nieto ha sido la constitucional, que puso fin al monopolio estatal de Pemex para la explotación y refinado de los hidrocarburos. La producción petrolera mexicana se había encarecido y decaía por mala gestión y falta de inversiones. La reforma podría permitir que México atraiga inversión extranjera para desarrollar su potencial petrolero. No menos trascendentales son sus reformas para mejorar la educación y la destinada a introducir competencia en el mercado de las telecomunicaciones y de la televisión.

Los lamentables acontecimientos en Iguala afectarán negativamente su agenda modernizadora y abren una nueva y difícil etapa en su gestión.

Lo que suceda en México trasciende a sus fronteras: es una de las potencias emergentes. Incluso podría impactar en nuestro dinámico intercambio comercial y cooperación bilateral.

Obama apuesta por la inmigración

El estancamiento de la reforma migratoria aprobada hace ya dos años en el Senado de los Estados Unidos y la presión de alrededor de once millones de inmigrantes indocumentados han forzado al Presidente Obama a decretar medidas migratorias. La más importante eximirá de la deportación a extranjeros, indocumentados y sin prontuarios penales que residen ilegalmente desde hace cinco o más años en Estados Unidos, cuyos hijos sean ciudadanos norteamericanos.

Los favorecidos, estimados en cinco millones, tendrán derecho a obtener permisos de trabajo y "salir de la oscuridad". También ha propuesto flexibilizar las visas de técnicos y científicos en alta tecnología. El Presidente reconoce que la limitación a las deportaciones es una medida parcial, temporal, que no beneficia a inmigrantes ilegales recientes ni a futuros y que es revocable por el Congreso.

Estas medidas, que están lejos de la irresolución que se le reprocha a Obama, aumentarán su popularidad y le causarán elevados costos políticos frente a un Congreso controlado por los republicanos, a partir de enero.

Ya han surgido críticas sobre la inconstitucionalidad de lo decretado y desconocimiento de los principios democráticos y de la separación de los poderes del Estado. Obama, que fuera profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Harvard, sostiene haber recibido cuidadosas e importantes opiniones de juristas que reconocen su derecho a adoptar las medidas migratorias por decreto y ha invocado resoluciones similares de sus predecesores. Sin embargo, ha producido un choque frontal con los republicanos e infringido sus reiteradas promesas de actuar en materia migratoria con el respaldo de una legislación aprobada por el Congreso.

Las medidas de Obama podrían beneficiar a varios miles de chilenos indocumentados en Estados Unidos y deben servir de alerta a nuestros legisladores y al Gobierno para reactivar la indispensable reforma migratoria, también empantanada en el Congreso local. Chile está recibiendo un importante flujo migratorio sin contar con la institucionalidad adecuada para abordar a los indocumentados y favorecer la inmigración necesaria de profesionales y de emprendedores calificados.