El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet consultaba tres reformas fundamentales en las que centraría sus tareas. Encabezadas por la reforma educacional, que requeriría de la segunda de las reformas, la tributaria, que proporcionaría los dineros necesarios para ponerla en marcha, culminaban con la elaboración de una nueva Constitución. Haciéndose eco de lo que calificaba como reclamos planteados desde larga data por sectores democráticos, afirmaba que "se recoge la demanda nacional por una nueva Constitución Política para Chile". No obstante, era poco explícito en las formas y los procedimientos que se seguirían para elaborar dicha Carta Fundamental, lo que ha alentado a quienes propugnaban la creación de una asamblea constituyente. Pese a las intenciones refundacionales de la Nueva Mayoría, sus planes parecen estar enfrentando dificultades.

Desde luego, han surgido nuevas ideas de reformas, que tienen un carácter más urgente, lo que ha estimulado a variados sectores reformistas. Para el presidente del Partido Socialista, ni la reforma educacional ni la nueva Constitución afectarán a la presente generación; en cambio, estima urgente hacer una reforma laboral. Los comisionados presidenciales en salud quisieron reformar por completo el sistema de salud del país y las autoridades de gobierno han planteado 66 reformas en pocos meses. Todo ello ha creado un grado de incertidumbre que a todas luces está afectando a la economía y aconsejando un ritmo mejor pensado y bastante más pausado.

Los constitucionalistas también han comenzado a estudiar más detenidamente la propuesta de una nueva Constitución y han expresado sus discrepancias con la idea de una asamblea constituyente. José Luis Cea, distinguido académico y ex presidente del Tribunal Constitucional, estima que las asambleas constituyentes resuelven problemas de una sociedad que atraviesa por una situación cataclísmica, algo muy alejado del Chile de hoy.

Por cierto, dentro de la coalición gobernante subsisten toda clase de opiniones, pero la propia Presidenta ha comenzado a aclarar que ella dará comienzo al debate -"iniciar su discusión"-, que deberá extenderse por todo el país, pero no pretende promulgar una nueva Carta durante su período presidencial.

Entre las mayores objeciones que tiene el levantar el tema constitucional en estos momentos de incertidumbre económica, plantea el académico Cea, están las consecuencias internacionales que tendría para Chile, interesado como está en atraer inversiones desde el exterior. "No sabemos nada de la nueva Constitución, esa es la verdad", afirma, y ante tal falta de claridad en las intenciones, sin duda se produciría un freno aún mayor que el que el país está viviendo en la actualidad. Todo indica que hay dos caminos posibles: o se privilegia la situación económica actual o se detienen las inversiones para dar lugar a una discusión constitucional.