Visitar México después de varios meses, a más de seis semanas de la aparente ejecución de 43 estudiantes desaparecidos por obra de autoridades locales del estado de Guerrero vinculadas a una banda del narcotráfico, es como llegar a otro país: hay un estado de frustración y enojo colectivo que no se veía en varios años.

Hace apenas unos pocos meses, el Presidente Enrique Peña Nieto recibía en Nueva York la distinción de "Estadista del año", y sus audaces reformas energéticas, educativa y de telecomunicaciones eran celebradas por los medios internacionales como el comienzo del "Momento de México", que impulsaría rápidamente a este país hacia el Primer Mundo.

Pero de pronto, aunque la economía de México está creciendo más que las de Venezuela, Argentina o Brasil, ha salido a la superficie el enojo colectivo por la violencia endémica del país y por una serie de nuevos escándalos de aparente corrupción política.

Prácticamente cualquier mexicano con que uno hable, pobre o rico, coincide en que la probable ejecución masiva de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala -junto con los nuevos escándalos en torno a un dudoso contrato de US$ 3.700 millones adjudicado a un consorcio de China para la construcción de un tren de alta velocidad, y de la compra de una mansión de US$ 7 millones de la Primera Dama Angélica Rivera (que luego anunció que vendería)- han provocado la peor crisis política de Peña Nieto desde que asumió la presidencia hace dos años.

Es cierto que siempre ha habido descontento público por la violencia del narcotráfico en México, que según cifras oficiales ha causado más de 22.000 muertes desde 2006. Pero la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala ha causado una indignación pública sin precedentes en tiempos recientes.

Parte de esa ira colectiva se debe al hecho de que, esta vez, los desaparecidos no fueron víctimas del fuego cruzado entre bandas rivales del narcotráfico, sino activistas estudiantiles que habían viajado a Iguala para robar autobuses que se proponían usar para una manifestación. Aparentemente, los estudiantes se disponían a protestar contra una ceremonia pública que iba a ser presidida por la esposa del alcalde.

Según versiones de prensa, las autoridades federales conocían desde hace tiempo los vínculos del alcalde con los narcotraficantes. Aunque Iguala y el estado de Guerrero están en manos de un partido opositor de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), están creciendo las críticas contra el gobierno de Peña Nieto por no haber actuado a tiempo contra los corruptos gobernantes de la ciudad.

Desde la desaparición de los 43 estudiantes, los manifestantes estudiantiles de Guerrero han salido a las calles, han bloqueado el aeropuerto de Acapulco y los caminos próximos, y han destruido las oficinas locales de los tres partidos políticos más importantes de México. En Ciudad de México, manifestantes enmascarados atacaron el Palacio Nacional y destruyeron una de sus puertas históricas.

Simultáneamente, una investigación de Aristegui Noticias reveló que la Primera Dama había comprado su mansión de 7 millones de dólares -ahora conocida popularmente como la "Casa Blanca", entre otras cosas porque es de ese color- a una subsidiaria de una empresa mexicana a la que se le habían asignado importantes contratos gubernamentales.

La empresa , el Grupo Higa, era socia del consorcio chino al que se le había concedido el polémico contrato de US$ 3.700 millones para construir el tren bala Ciudad de México-Querétaro. Poco antes de que se revelara la noticia de la compra de la "Casa Blanca", Peña Nieto canceló el contrato del tren bala con el consorcio chino, que había sido la única empresa que participó en la licitación. Otras grandes empresas se habían retirado, quejándose de que solo les habían dado dos meses para preparar sus ofertas.

Mi opinión: México está viviendo un clima de descontento social que puede afectar la confianza interna y externa en el país, en un momento en que el desplome de los precios del petróleo ya está amenazando con disminuir la avalancha de inversiones extranjeras que el gobierno espera recibir como resultado de su reforma energética.

Las reformas de energía, educación y otras lideradas por Peña Nieto son en general positivas, pero han sido edificadas sobre bases endebles. Es como construir un edificio sobre un pantano, porque no van a llegar inversiones masivas a un país donde se adjudican contratos gigantes con licitaciones cuestionables, y donde las autoridades locales están acostumbradas a actuar por fuera de la ley con total impunidad.

Es hora de que Peña Nieto se concentre en la madre de todas las reformas: convertir a México en un país con una división efectiva de poderes, donde se haga cumplir la ley.