Debió ser complejo para los obispos fijar posición en un asunto como la reforma educacional, que suscita fuertes divisiones en la sociedad. Resulta indudable, sin embargo, la pertinencia de su aporte. La Iglesia Católica no solo es un actor relevante de la educación privada y particular subvencionada, sino que ha contribuido históricamente a la consolidación de la libertad de enseñanza en el país, acorde con los principios de su doctrina social. Cabe así valorar la claridad del documento entregado esta semana por la Conferencia Episcopal, que no elude los temas hoy en debate, aun a riesgo de aparecer cuestionando aspectos de un proyecto al cual ha atribuido carácter emblemático un gobierno cuyas políticas sociales despiertan a menudo simpatías en sectores eclesiásticos.

Es también reveladora la coincidencia entre el diagnóstico que ofrece la Iglesia y lo sostenido por voces de muy distintos ámbitos, como la del ex Presidente Lagos. Este último ha hecho notar cómo "lo importante de la reforma educacional está en un conjunto de temas que todavía no están en el debate", aludiendo a la ausencia del capital asunto de la calidad en la actual discusión. Los obispos, por su parte, han advertido que dicha ausencia vaciaría de sentido los esfuerzos por la gratuidad o la inclusión. "De nada servirá una educación gratuita si ella no es de calidad ni adecuadamente financiada", afirma el documento episcopal. También, lejos de descalificar las aprensiones manifestadas por los sostenedores de colegios, reconoce "la angustia y el desánimo" que se han instalado en muchas comunidades educativas y pide que el "clamor" de los padres y apoderados "no quede desatendido".

Precisamente esa riesgosa desatención es la que el Gobierno ha evitado al desestimar su idea de adelantar la votación del proyecto que se tramita en el Senado. Un paso así hubiera provocado un grave problema político en la Nueva Mayoría, dadas las discrepancias que la iniciativa suscita al interior de la coalición, pero además habría mostrado a una autoridad que, en aras de imponer sus criterios, desecha el diálogo y aquella "reflexión serena, informada, sin apuros" demandada por la Iglesia. Lamentablemente, el cambio de actitud parece solo parcial, al insistir ahora la autoridad en fijar una suerte de plazo límite (el 31 de enero) para el despacho del proyecto por el Congreso.

Interrogantes para una hoja de ruta

La difusión de los contenidos del proyecto del Ejecutivo para reformar el financiamiento de la política dio pie a nuevas discusiones en el oficialismo. Aparte de la importancia de las materias involucradas, se evidenció otra vez la necesidad de una priorización de iniciativas por parte del Gobierno, que ordene la agenda y contenga la "fiebre reformista" de este primer año. En ese plano, se espera que el cónclave oficialista convocado para principios de diciembre permita establecer una hoja de ruta para 2015, en línea con las prioridades legislativas anunciadas el día viernes y que regirían hasta el próximo 31 de enero.

La idea suscita, sin embargo, algunos interrogantes. Desde luego, no resulta aún claro si dicha hoja se elaborará recogiendo el sentir de las fuerzas que integran la Nueva Mayoría -y que difieren respecto de las prioridades y de la forma de abordarlas-, o si será el Ejecutivo el que, apelando al programa, notificará su plan de acción y demandará apoyarlo. También se ignora si el debate buscará acotar los márgenes de lo que se pretende hacer o si se seguirá apostando a la estrategia de abarcarlo todo, sumando una reforma tras otra y extremando las tensiones que ese camino importa. En cualquier caso, con la experiencia de estos meses, la administración debiera tener claro que la idea de aprovechar la amplia mayoría legislativa de que en teoría hoy dispone, para así imponer su agenda, choca con varias realidades: las diferencias al interior de su coalición, las restricciones que impone el escenario económico y la oposición de importantes sectores sociales hacia cambios que contrarían su sentido común.

Estrategias comunicacionales

Los últimos días también mostraron -a propósito de la falla experimentada por el ferrocarril metropolitano- la ineficacia de estrategias comunicacionales que apuntan a eludir responsabilidades atribuyendo culpas a la administración anterior, fórmula rechazada esta vez, incluso, por parlamentarios oficialistas.

En verdad, un gobierno que hace apenas un año fue elegido con amplio respaldo y cuya coalición dispone de importantes cuadros políticos y técnicos no debiera necesitar de ese tipo de maniobras ni de anuncios que busquen suscitar espontánea popularidad para desarrollar exitosamente su gestión. El referido ordenamiento de prioridades, la prudencia en su ejecución y la capacidad para proyectar una mirada de largo alcance ofrecen un camino más razonable y fructífero.