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Editorial
Sábado 22 de noviembre de 2014
Gobierno de las empresas públicas
La creación del Sistema de Empresas (SEP) del Estado en el 2001 representó un excelente avance hacia la modernización de la administración de derechos, acciones y cuotas de las sociedades y entes sin fines de lucro de propiedad de la nación, la que fue luego complementada con el Sistema de Alta Dirección Pública...
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las principales deficiencias del gobierno corporativo de las empresas del Estado de América Latina se encuentran en las fallas en la estructuración corporativa, en la conformación poco profesional de sus directorios y organigramas directivos -selección de la administración- y en las carencias en la transparencia y difusión de información.
Si bien todas son dignas de destacar, las falencias en cuanto a la conformación de los directorios merecen particular atención.
Estándares en Latinoamérica
En la región, una práctica común es la designación de funcionarios públicos en el directorio, siendo los directores independientes aún una excepción. La situación no solo genera conflictos de interés, sino que impone obvias trabas en la administración de las empresas de propiedad del Estado.
Algo similar ocurre en la selección de los altos cargos administrativos. Si bien se han producido avances que han significado la adopción de directrices meritocráticas para la contratación de ejecutivos de alta dirección y personal clave de la compañía, los nombramientos políticos se siguen produciendo con una inconveniente frecuencia.
Por lo anterior, la OCDE sitúa a la falta de transparencia y difusión de información como un tema crucial en la modernización de los gobiernos corporativos de esas empresas. La disponibilidad de información pública detallada, a través de sitios en internet, respecto de la conformación de los directorios y altos cargos directivos podría desincentivar las malas prácticas que abundan en la región.
Pero más allá de los atrasos, es interesante notar los avances que han realizado algunos países vecinos o socios. El Fondo Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), creado en Perú en 1999, tiene como objeto normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Si bien el Fonafe, una empresa de derecho público, sufre de algunas falencias, se ha destacado por una buena gestión y por la promoción de buenas prácticas de gobierno corporativo tanto para orientar el ejercicio de la propiedad como para fortalecer y profesionalizar a las empresas a su cargo.
El caso de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), creada en 1999, un año antes del traspaso del canal al Estado panameño, es otro ejemplo digno de destacar. ACP es la responsable de la administración, funcionamiento y mantenimiento del canal, adoptando un mecanismo de directorio escalonado en el nombramiento de los miembros de su Junta Directiva. Esto permite que la elección de los directores no coincida necesariamente con los períodos electorales del país, limitando la prevalencia de factores políticos en la designación y asegurando una continuidad en la administración.
Pero lamentablemente estos esfuerzos no se han extendido a otras naciones. Venezuela es un caso grave. Su estatal petrolera PDVSA se ha transformado en un ejemplo de las malas prácticas en cuanto a gobiernos corporativos.
Su administración en Chile
La creación del Sistema de Empresas (SEP) del Estado en el 2001 representó un excelente avance hacia la modernización de la administración de derechos, acciones y cuotas de las sociedades y entes sin fines de lucro de propiedad de la nación, la que fue luego complementada con el Sistema de Alta Dirección Pública (2003), una crucial iniciativa encaminada a modernizar el Estado.
Pero a más de una década de la creación de esta institucionalidad, Chile requiere continuar avanzando en este ámbito. La necesidad de ajustes se evidenció recientemente con la compleja situación del Metro de Santiago. El intempestivo reemplazo de su presidente, a consecuencia de la histórica falla del sistema, significó el incumplimiento de normas de gobierno corporativo del SEP. En el mismo sentido, parece completamente inadecuada e injustificable que la empresa no tuviese un gerente general por varios meses. Es posible que esto haya sido producto de la lentitud del proceso de Alta Dirección Pública, lo que viene a corroborar la necesidad de continuar con el proceso de modernización que lo creó.
La ausencia de marcos institucionales modernos para que esas empresas puedan actuar en entornos competitivos, las deficiencias en los procesos de selección de sus autoridades y ejecutivos, la baja efectividad de los procesos de rendición de cuentas y un bajo nivel de transparencia son todos elementos que requieren una atención y revisión continua.
Las empresas del Estado deben ser ejemplos a seguir en cuanto a los mejores principios y prácticas de gobierno corporativo. Esta visión no es solo esencial para poder asegurar sus capacidades institucionales y gerenciales, monitorear regularmente su desempeño y objetivos, sino que para blindar la calidad de los servicios que proveen. Por eso, en momentos en que se discuten cambios estructurales a nuestro modelo económico, sorprende la escasez de iniciativas en este ámbito.