El Banco Central confirmó que la economía ha rebajado su ritmo de crecimiento al mínimo --solo 0,8% interanual al tercer trimestre- y que la principal causa del problema es la parálisis de la inversión, la cual cae casi 10% en un año. Ese frenazo ha perjudicado a la construcción y la industria, ha reducido la creación de fuentes de trabajo, ha desanimado a los consumidores y está sacrificando el crecimiento futuro de nuestra capacidad productiva.

Lo paradójico es que el país cuenta con una voluminosa cartera de atractivos proyectos de inversión. A las interesantes perspectivas del sector minero y energético, se agregan ahora -gracias a la evolución de los mercados externos y el alza del dólar- buenas oportunidades en agroindustria, fruticultura, acuicultura, pesca y en el sector forestal. Muchos de los grupos empresariales chilenos exhiben hoy una sólida posición financiera, cuentan con abundante liquidez (producto, en parte, de la venta de compañías nacionales a inversionistas extranjeros), tienen bajo endeudamiento y, además, un amplio acceso a fuentes de financiamiento en condiciones muy favorables.

Es la incertidumbre sobre el futuro de la economía chilena lo que parece explicar la falta de inversiones. Ello puede en parte obedecer al temor de que la economía mundial se nos torne adversa, pero todo indica que tiene también causas internas. El contenido y la tonalidad de las reformas tributaria y educacional mostraron un gobierno más preocupado de redistribuir la riqueza que de hacerla crecer. Incluso sembraron cierta animosidad contra los empresarios. La intención de reemplazar la Constitución y cambiar el marco regulatorio de casi todos los sectores productivos ha contribuido a la incertidumbre y la paralización. La Agenda de Energía, que impulsa el Gobierno, aunque con algunos aciertos, no logra convencer de que en verdad se vayan a remover los escollos que han detenido las inversiones en ese crucial sector. Más recientemente, las autoridades han informado de algunas medidas para destrabar las autorizaciones ambientales y permisos sectoriales exigidos, pero los anuncios no parecen proporcionales a la magnitud del problema.

Hacer remontar la inversión debería pasar a ser una preocupación prioritaria del Gobierno. Ello le exigiría, por una parte, jerarquizar sus objetivos programáticos, consensuar los instrumentos, descartar o postergar cambios innecesariamente costosos o polémicos. Adicionalmente, rescatar muchas de las medidas procompetitividad e inversión del gobierno anterior y efectivamente destrabar los grandes proyectos paralizados. Nuestro vecino Perú -que también sufre una fuerte desaceleración- ha puesto en marcha un plan de infraestructura por US$ 18.000 millones, adopta medidas para simplificar la "tramitología", anuncia que eliminará los aranceles aduaneros para insumos y bienes de capital y que estudia rebajar gradualmente el impuesto a la renta de las empresas, desde el actual 30% a 26% en 2019. En el intertanto, Chile habrá subido ese mismo impuesto desde 20% a 27%.