Señor Director:

Un editorial del 20 de noviembre critica el proyecto de reforma a la legislación de competencia anunciado por el ministro de Economía. Según dicho editorial, la función preventiva que la reforma busca imprimir al régimen de sanciones se basa en una lógica obsoleta. Además, relaciona la propuesta de reemplazar el actual tope máximo a las multas (establecido como un monto fijo) por uno flexible (que responda a la entidad de la infracción) como una muestra de "populismo sancionatorio".

Como casi toda la regulación del comercio, la legislación de competencia descansa sobre el supuesto de que los agentes económicos son entes racionales que buscan maximizar su utilidad. Así, las multas no serán disuasivas si no igualan los beneficios esperados de infringir la ley.

Como los beneficios esperados no son observables, la literatura especializada sugiere establecer sanciones en función del beneficio realmente obtenido, o del daño causado por la infracción. Reconociendo que realizar dicho cálculo no siempre es posible, y que, aun siéndolo, demanda gran cantidad de recursos, la amplia mayoría de las legislaciones comparadas utilizan un porcentaje de las ventas del infractor como un proxy o valor aproximado del daño causado o del beneficio percibido. Dichos porcentajes son fijados sobre la base de la evidencia existente respecto del sobreprecio que imponen las infracciones.

Un estudio encargado por la Fiscalía Nacional Económica a un destacado grupo de profesores de derecho y economía de la University College London recomienda precisamente eliminar el actual tope fijo que nuestra legislación establece para las multas y utilizar el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor como criterio para la determinación de las multas.

En caso de que su cálculo resulte demasiado complejo, recomienda utilizar las ventas del infractor como criterio. Estas recomendaciones son compartidas por la comisión asesora presidencial que convocara el ex Presidente Sebastián Piñera para revisar nuestra legislación de competencia.

La lógica económica, la literatura especializada, las legislaciones más avanzadas en materia de libre competencia y los expertos nacionales e internacionales testifican contra la pretendida obsolescencia del rol preventivo de las sanciones en libre competencia.

Es de esperar que la discusión legislativa que se viene discurra bajo un debate informado, asistido por argumentos técnicos y alejado de las consignas.

Felipe Irarrázabal Philippi
Fiscal Nacional Económico