Según la Encuesta Bicentenario PUC-Adimark, es demasiado bajo el nivel de conocimiento de la población respecto de los impuestos que paga. Tal vez ello explique por qué, habiendo sido la propuesta de reforma tributaria -especificada con bastante detalle- eje central del programa de la campaña de la Presidenta Bachelet, solo una vez presentado el proyecto al Congreso, la opinión pública haya puesto atención a su contenido y expresado creciente reticencia. Como casi toda iniciativa de gobierno requiere de financiamiento, y son los impuestos el mejor modo de procurarlo, no funciona bien una democracia cuyos ciudadanos exhiben tal grado de desconocimiento tributario.

No es que los impuestos no molesten a la gente. El 72% y el 55% de los encuestados estiman que la clase media y "la gente pobre", respectivamente, están pagando mucho. Lo sorprendente es que un 28% señale no pagar ningún impuesto, en tanto solo un 35% esté consciente de soportar el IVA, que recarga los precios de casi todos los bienes y servicios consumidos por los chilenos. Ese tributo representa aproximadamente la mitad de la recaudación fiscal. Probablemente el IVA pasa desapercibido para sus contribuyentes porque los precios que informan los productos, las vitrinas y la publicidad siempre llevan ese impuesto incluido, por disposición legal. Esto es, el Estado se encarga de invisibilizar la verdadera magnitud de la carga que su funcionamiento impone a la ciudadanía. Tal vez ello pueda ayudar a contener la evasión, pero definitivamente no contribuye a una información transparente que permita a los votantes ejercer su derecho a voto con información suficiente.

Mayor información parecen tener los contribuyentes sobre los impuestos a las gasolinas -un 38% declara pagarlo-, lo cual tal vez se explique por ser tributos específicos, que han estado durante años en debate público, y que la gente siente en su bolsillo. También hay conciencia del pago de las patentes de automóviles. Por otra parte, solo un 23% de los encuestados declara pagar impuestos a la renta, lo cual es concordante con el hecho de que, en Chile, el 80% de los contribuyentes no alcanza el umbral de ingresos a partir del cual las rentas personales son afectas al impuesto de segunda categoría o al global complementario. Semejante es el caso de las contribuciones de bienes raíces, que dejan a la gran mayoría de las propiedades en el tramo exento: solo un 17% dice cancelar tal gravamen.

En Chile, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en Europa, el grueso de la tributación a la renta es cobrada a las empresas, a través del impuesto de primera categoría, cuya tasa subirá gradualmente desde 20% hasta 27% el 2018, por efecto de la reforma tributaria promulgada por el Gobierno. Pero no es cierto que los impuestos a las rentas empresariales no afecten a las personas: indirectamente, ellas terminan pagándolos vía un mayor costo de vida o menores oportunidades de empleo. Pero, desde luego, es fácil que ello pase inadvertido. En cambio, los países europeos, para financiar su elevado gasto social, suelen recurrir a los impuestos a las rentas personales y aplicarlos no solo a los sectores de altos ingresos, sino también a la clase media. Ello contribuye a la transparencia electoral, porque hace ver bien al votante que las propuestas de gasto fiscal ofrecidas por los diferentes candidatos inevitablemente hay que pagarlas. El problema para los políticos es que eso no es lo más popular. De hecho, la encuesta aludida encuentra que mientras un 35% de las personas favorece subir los impuestos para financiar más gasto en salud o educación -porcentaje algo mayor que el registrado ochos años atrás (25%)-, otro 35% se inclina por la opción contraria, esto es, rebajar los tributos para que las familias puedan destinar más recursos a esos fines.