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Cartas
Sábado 08 de noviembre de 2014
No es posible hablar de discriminación
Las universidades estatales hemos manifestado públicamente que en el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación de 2015 -tal como está presentado hasta hoy- no hay una señal convincente de fortalecimiento de la educación superior estatal, pues si bien existe una línea explícita, se trata más bien de un esfuerzo simbólico que no se condice con las políticas comprometidas en el programa de gobierno aprobado por la mayoría ciudadana.
No obstante, se ha difundido profusamente a través de los medios de comunicación que la creación de una línea de financiamiento específico para las universidades estatales constituye un aporte discriminatorio respecto de las instituciones privadas del CRUCh. Lo anterior dista mucho de ser real en la medida en que la línea que se proyecta como Convenio Marco para Universidades Estatales, esto es $34.080 millones, no es en ningún caso un aporte que modifique la situación históricamente desmejorada de las instituciones estatales, ni establece en términos reales un cambio en la relación ya distante que ha tenido el Estado con sus universidades.
En tal sentido, es necesario precisar que de los $34.080 millones mencionados, solo $17.000 millones son recursos frescos, los que deben repartirse entre 16 universidades estatales, lo que claramente resulta insuficiente para lograr la expansión y el fortalecimiento de las mismas. Es decir, con estos recursos no se modifica la estructura de financiamiento de la educación superior, ni menos se impacta en la cobertura de las universidades estatales en el total de la matrícula, que corresponde solo al 16%.
La nueva línea presupuestaria para las universidades estatales es un ejercicio de reasignación de recursos: los $34 mil millones de pesos están constituidos mayoritariamente por aportes que ya estaban incorporados en presupuestos anteriores. En la glosa que se propone como nueva, se ha comprometido el 5% del reajuste del Aporte Fiscal Directo, que no fue incorporado en el proyecto actual, más el aporte basal por desempeño que se pretende eliminar para las universidades estatales. Esto arroja una diferencia de recursos nuevos por solo $17 mil millones.
Creemos que no es justo continuar con una política de financiamiento basada en el subsidio a la demanda, que no hace distinción finalmente respecto de la misión y los propósitos de las instituciones y, peor aún, que sigue endeudando a los estudiantes y sus familias a través de instrumentos financieros como el Crédito con Aval del Estado.
Las universidades estatales no pueden ser tratadas por el financiamiento público como si se tratara de oferentes privados, porque no lo son. La creación, la misión pública que les corresponde, como asimismo la estructura y régimen jurídico al que se someten difieren sustancialmente de todas las otras instituciones que no tienen carácter estatal. Como no estamos en las mismas condiciones, no es posible hablar de discriminación.
Arturo Flores Franulic
Rector Universidad de Tarapacá
Gustavo Soto Bringas
Rector Universidad Arturo Prat
Luis Loyola Morales
Rector Universidad de Antofagasta
Celso Arias Mora
Rector Universidad de Atacama
Nibaldo Avilés Pizarro
Rector Universidad de La Serena
Patricio Sanhueza Vivanco
Rector Universidad de Playa Ancha
Aldo Valle Acevedo
Rector Universidad de Valparaíso
Ennio Vivaldi Véjar
Rector Universidad de Chile
Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector de la Universidad de Santiago
Luis Pinto Faverio
Rector U. Tecnológica Metropolitana
Álvaro Rojas Marín
Rector Universidad de Talca
Héctor Gaete Feres
Rector Universidad del Bío-Bío
Sergio Bravo Escobar
Rector Universidad de La Frontera
Óscar Garrido Álvarez
Rector de la Universidad de Los Lagos
Juan Oyarzo Pérez
Rector Universidad de Magallanes
Jaime Espinosa Araya
Rector U. Metropolitana de Ciencias de la Educación