¿Cómo se hace en otros países del mundo? Esta es una de las primeras preguntas que se formula toda vez que se diseña y analiza una política pública. Ciertamente, la experiencia de los demás puede resultar valiosa.
Por ejemplo, quienes defienden los aportes de empresas a las campañas electorales argumentan, entre otras cosas, que la mayoría de los países lo permiten. Un editorial reciente en este medio sugiere que ello obedecería a que las ventajas de la mayor competencia que traerían esos aportes superarían los costos. Si los demás lo hacen, por algo es.
Sin embargo, en ámbitos cruciales de las políticas públicas, lo que hacemos en Chile difiere de la experiencia de la mayoría de los países.
Un ejemplo claro es el sistema de pensiones. Mientras que en Chile el sistema está ordenado en torno al ahorro individual obligatorio, en el mundo, sobre todo en países desarrollados, las pensiones se financian por medio del reparto.
La mayor ventaja de un sistema como el nuestro es su solvencia, pues no se promete más beneficios de lo que el ahorro individual puede financiar.
Pero ello se consigue a costa de imponer riesgos a los trabajadores, en particular el de la longevidad, el no tener ingresos para cotizar y el de los retornos financieros.
Estos riesgos pueden ser importantes. Basta con recordar que la rentabilidad del fondo A de las AFP en septiembre del 2008 fue de -25%: en cosa de días, muchos trabajadores perdieron un cuarto de lo que habían acumulado para la jubilación.
Un sistema puro de cuentas individuales no incorpora solidaridad y por tanto cada uno debe arreglárselas por su cuenta. Un sistema así puede ser solvente, pero también totalmente insuficiente en lo que se refiere a protección.
La reforma del 2008 creó el Pilar Solidario, incorporando por primera vez elementos de reparto al sistema. Si bien una generosidad excesiva de un sistema de reparto puede afectar los incentivos a trabajar, Chile parece estar lejos de eso aún.
Una generación completa de trabajadores cargó con los costos de transitar del sistema antiguo al actual, financiando las pensiones prometidas a los afiliados al sistema de reparto por medio de impuestos, y las propias a través del ahorro obligatorio.
Volver al sistema antiguo significaría nuevamente una carga que no parece justa pedir. Sin embargo, Chile puede acercarse más decididamente a lo que se hace en el resto del mundo, con un balance más adecuado entre incentivos y protección.
Algo similar ocurre con el seguro de cesantía, también diseñado en torno a cuentas de ahorro individual obligatorias. El sistema cuenta con un Fondo Solidario (FS), el auténtico componente de seguro. Pero, incluso después de la reforma del 2009, una fracción muy pequeña de trabajadores accede a él.
Asimismo, debido al diseño del sistema, buena parte de los beneficios del Fondo Solidario no son tales, porque los trabajadores deben copagar sus beneficios solidarios, utilizando primero los fondos en su cuenta individual.
Dados los recursos acumulados en el FS, hoy es posible reformar y aproximarse más a los modelos internacionales sin poner en riesgo el financiamiento del sistema.
La seguridad social es solo un ejemplo en el que Chile se ha alejado de las prácticas internacionales, para luego tener que reformar y acercarse nuevamente a ellas.
Otro ámbito es la educación escolar: mientras más de la mitad de los estudiantes en Chile asiste a establecimientos educacionales de propiedad de privados, un 85% de los estudiantes en la OCDE son atendidos por escuelas que dependen directamente del Estado.
En los escasos países en que existe una amplia oferta privada de educación, las escuelas son gratuitas, no seleccionan a sus estudiantes, ni tienen fines de lucro.
Algo similar ocurre en el sistema impositivo: dada la integración de impuestos, en Chile las empresas no tributan. El impuesto de Primera Categoría es solo un adelanto de lo que deben pagar los dueños al retirar utilidades. De los 34 países adscritos a la OCDE, solo cuatro tienen integración completa.
En diversas áreas, y no solo en las aquí descritas, Chile ha sido por décadas una excepción. Pero en aspectos tan relevantes como la desigualdad, inclusión y protección social, nuestros resultados han estado lejos de ser excepcionales
Muchas de las reformas que se discuten hoy evalúan nuestras políticas desde esta óptica.
Ninguna de ellas desarma lo que Chile ha hecho; más bien reconoce sus avances, buscando a la vez recuperar lo que se sacrificó al movernos hacia políticas que enfatizaron lo individual por sobre lo social.