Que los gobiernos se alejan de las necesidades prioritarias de los ciudadanos, no cabe duda. Más todavía cuando la ideología gobernante prefiere la intromisión del Estado en los legítimos espacios de libertad de los particulares, antes que asumir debidamente la obligación prioritaria de garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes.
La tasa de victimización es la más alta desde que se dispone de estadísticas al respecto: en los últimos seis meses, prácticamente uno de cada dos de los hogares encuestados dice haber sido víctima de un robo o intento de robo. A ello se suma la profusión de asaltos a dispensadores de dinero y a transportes de valores, incluido el robo más grande de nuestra historia, en el principal aeropuerto del país. Persisten las bombas y la violencia en La Araucanía, delitos que las policías no han podido prevenir ni, en conjunto con los fiscales, dar con sus autores.
El sistema de prevención y persecución del delito está sobrepasado. No hay instancias de coordinación ni eficacia en la asignación de los medios disponibles.
La elaboración, coordinación y ejecución de las políticas para prevenir la delincuencia dependen por ley de un subsecretario. Su menor jerarquía le impide asumir debidamente sus obligaciones frente a ministros, jefes de las policías y autoridades superiores de los poderes públicos.
Cada año se crea un nuevo ministerio, pero no está considerado uno para la seguridad pública, como existe en muchas naciones.
Se sabe que la Agencia Nacional de Inteligencia es inoperante, pero se dilatan las medidas para suplir esa falla.
Se desconocen el funcionamiento y las propuestas de la comisión de Coordinación de la Justicia Penal, en la que, por ley, participan el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, el fiscal nacional y los jefes de las policías. Entretanto, prosperan la impunidad, la inoperancia, el garantismo exagerado y la puerta giratoria, y surgen condiciones favorables para un terrorismo autonomista y para el predominio del crimen organizado.
En las propuestas sobre descentralización, nada se dice sobre las policías, que, con rigidez, asignan a funciones ajenas a la seguridad pública a un número significativo de sus efectivos, con las consiguientes debilidades en las técnicas de análisis delictivo y de sus patrones.
La falta de respaldo de los políticos a las policías en la preservación del Estado de Derecho las inhibe, y las lleva a preferir ser apreciadas por sus acciones extrapoliciales más que ser respetadas en el combate a los delitos.
Disminuir la delincuencia y aumentar la seguridad de la población es posible, pero con cambios organizacionales de significación. El actual sistema de control de la criminalidad ha fracasado: los delincuentes tienen muy poco que temer y los ciudadanos están cada vez más desprotegidos, mientras el Estado aparece incapaz de cumplir con una de sus responsabilidades esenciales.