Veinticinco años se cumplen de la dictación de la Ley 18.840, que otorgó al Banco Central de Chile la autonomía necesaria para cautelar la estabilidad de la economía nacional.

La referida ley se alejaba diametralmente de la tradición chilena -también observada en los demás países en desarrollo- de someter a esa institución al control del gobierno de turno y emplearla para promover un amplio rango de objetivos políticos. Esta innovación fue inicialmente rechazada por quienes veían en esa independencia una injustificada limitación a las potestades de los gobiernos y una posible fuente de descoordinación con sus políticas fiscales. El desempeño de nuestro Banco Central autónomo ha disipado esos temores y demostrado que contar con una entidad independiente y comprometida con la estabilidad no solo favorece la marcha de la economía, sino que contribuye positivamente al despliegue de la democracia. Así, dicha autonomía se ha erigido en uno de los pilares básicos de nuestra institucionalidad, ayudando a encuadrar las decisiones de gasto y de endeudamiento, tanto públicas como privadas, dentro de los márgenes que aconsejan el realismo y la responsabilidad.

Reza el artículo tercero de la ley orgánica del Banco Central que su objeto es "velar por la estabilidad de la moneda y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos". Naturalmente, lo primero se ha interpretado como controlar la inflación. Desde hace 13 años esta institución mantiene como meta explícita que la inflación se sitúe en torno al 3% anual. Como orgullosamente ha hecho presente Rodrigo Vergara, su actual presidente, en promedio, a lo largo de ese período el IPC ha promediado un alza anual de 3,1%. Gracias a la credibilidad que ha logrado construir, el Banco Central ha podido -como ocurre en la actualidad- aplicar fuertes rebajas en las tasas de interés para estimular la actividad económica y tolerar una significativa desviación del IPC respecto de esa meta, porque hay confianza en que se trata de algo pasajero. De lo contrario, las tasas de interés de mercado, lejos de bajar, habrían subido, contrariando el propósito de la autoridad. Es precisamente la adhesión por parte del Banco Central al claro e inequívoco mandato antiinflacionario que estipula su ley lo que le da credibilidad para contribuir también a atenuar las fluctuaciones cíclicas de la economía y propender al pleno empleo.

Su ley orgánica hizo posible la libertad cambiaria y la plena integración de la economía nacional a los mercados financieros internacionales, autorizándolo a establecer controles a las operaciones de cambio solo en situaciones de excepción. Esto también despertaba resquemores en muchos. Adoptadas la apertura financiera y la libertad cambiaria a comienzos de la década pasada, se han probado de gran eficacia para permitirle a Chile encarar airosamente las tormentas financieras que han sacudido al mundo.

En un marco de apertura, la tarea del Banco Central de prevenir o resolver eventuales alteraciones al normal funcionamiento de los pagos se entiende circunscrita a cautelar -en conjunto con los organismos supervisores respectivos- la sana operación del sistema financiero y del mercado de capitales. La gran crisis global de fines de la década pasada ha revelado la crucial importancia de esta función y puesto a los bancos centrales del mundo a discurrir las normas preventivas y acciones remediales correspondientes. Concluida la celebración de su aniversario, a ello habrá de abocarse también el nuestro.