Cuando en la década de 1990 comenzó a sistematizarse y tecnificarse la recolección y publicación de cifras delictivas, abundaron voces que le atribuyeron a eso una intencionalidad política. Afortunadamente, desde entonces la mentalidad ha ido cambiando, y las autoridades tienden ahora a recibir el flujo de estos datos como un aporte para el mejor cumplimiento de su responsabilidad esencial de garantizar la seguridad pública. Así, por ejemplo, al conocerse este martes la encuesta de victimización de la Fundación Paz Ciudadana (que se realiza desde el año 2000), el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, señaló que "como Gobierno, recogemos el indicador como preocupante, que nos llama (...) a acelerar nuestro programa, relativo a políticas locales de seguridad, con indicadores claros, conocidos por los ciudadanos, para tener a nivel local respuestas adaptadas".

El Índice Paz Ciudadana-Adimark arrojó esta vez la tasa de victimización más alta desde que se efectúa esta medición: en los seis meses previos a ser consultados, el 43,5% de los hogares fue víctima de un robo o intento de robo. Esta cifra se debe exclusivamente a un aumento de la victimización en los niveles socioeconómicos alto y medio, y en la R. Metropolitana, donde llega a 45,6%. No varía significativamente en el nivel socioeconómico bajo, y en regiones se mantiene en 40%.

El porcentaje de hogares que alcanza un nivel alto en el Índice de Temor, construido a partir de 7 preguntas sobre percepción de inseguridad en situaciones cotidianas, también aumenta significativamente, pero no llega al máximo histórico registrado a fines de 2006. Los índices de percepción de nivel de violencia en el barrio y de nivel de delincuencia en la comuna también empeoran, y sube el porcentaje de personas que han dejado de salir a ciertas horas e ir a ciertos lugares.

Actualmente, en el mundo no existen modelos econométricos que expliquen las variaciones generales de las tasas delictivas de los países, ni datos estadísticos suficientemente recientes y concluyentes sobre las causas de estas alzas. En general, sin embargo, los delitos contra la propiedad están influidos por tres grandes grupos de causas: condiciones socioeconómicas (como desempleo y consumo de drogas); la disponibilidad de oportunidades delictivas, y la labor policial y del sistema de persecución penal.

Respecto de las condiciones socioeconómicas, las encuestas hechas por Senda en 2012 y 2013 sobre consumo de adultos y escolares arrojan incrementos en el de marihuana. Y mientras la correlación con la tasa de desempleo ha sido históricamente baja, es plausible que su alza en los últimos trimestres haya tenido algún impacto.

En cuanto a oportunidades, en toda Latinoamérica ha crecido la delincuencia contra la propiedad, pese a mejoramientos en las condiciones sociales, lo que se atribuye a que, en la medida en que los países crecen, hay mayor penetración de artículos electrónicos y otros bienes de valor, lo cual, dados los vastos mercados de reventa de bienes robados, fomenta al alza los delitos contra la propiedad.

Y sobre la labor policial y del sistema de persecución penal, es evidente que Chile tiene severos déficits organizativos, de coordinación y de prioridad político-legislativo-institucional para que policías y fiscalías pasen de la reacción caso a caso ante hechos delictivos a la adopción sistemática del análisis criminal, para la oportuna detección de los patrones de la actividad ilícita y el despliegue de tácticas policiales y estrategias de persecución penal proactivas y eficaces. Así lo confirma el que, sobre esto último, la encuesta no arroje novedades: el 80% de los delitos sigue ocurriendo en la vía pública; el 70% de ellos sin violencia, y el 30% de los hogares concentra el 90% de los delitos reportados. Estas y otras cifras ratifican que gran parte de la actividad delictiva es predecible, pues unos pocos infractores cometen gran parte de los delitos, en unos pocos lugares.

Por cierto, reducir significativamente la ocurrencia de delitos, y dejar de usar 9 de cada 10 pesos de gasto público en reaccionar, para pasar a una labor proactiva y de prevención, requiere reformas estructurales, no solo programas que afecten a proporciones marginales de los recursos estatales destinados a seguridad. La división del Sename, la creación del Servicio Nacional de Reinserción, el Banco Unificado de Datos, la generación de indicadores de eficacia son solo algunas de las reformas necesarias, y ellas exigen una política de Estado que trascienda los períodos de gobierno. Esta, a su vez, demanda el liderazgo de las autoridades de cada administración, pero también la voluntad política de los líderes de oposición para poder sortear juntos las barreras que siempre alzarán los grupos reacios a estos cambios.