La distribución de los recursos para la educación superior en nuestro país está concentrada en las universidades del Consejo de Rectores. Ellas reciben, de acuerdo con la Contraloría General de la República, el 60 por ciento de los recursos públicos, a pesar de tener poco más de un cuarto de los estudiantes. Un tercio del total es capturado por las universidades estatales, que reúnen a menos del 16 por ciento de los estudiantes que están matriculados en la educación superior. Por cierto, hay que reconocer que el grueso de la investigación en Chile se realiza en las universidades del CRUCh, pero esto, a su vez, está influido por el hecho de que ellas reciben fondos como el Aporte Fiscal Directo o los Aportes Basales de Desempeño, los que no están abiertos a otras instituciones.

La partida más equitativa en la distribución de recursos públicos es la que financia a los estudiantes. Aun así, el financiamiento promedio por estudiante que asiste a universidades del CRUCh es un 70 por ciento superior al del estudiante promedio de las universidades privadas creadas después de 1981. Ello ocurre a pesar de que no hay mayores diferencias en la composición social promedio del estudiantado de ambas categorías de instituciones (incluso es levemente más vulnerable en las universidades privadas). Este fenómeno se explica porque las becas recibidas por los estudiantes de las universidades creadas con posterioridad a 1981 son de un monto muy inferior al entregado a los alumnos de las universidades del CRUCh, aun si el estudiante es de igual condición socioeconómica y asiste a una universidad con el mismo nivel de acreditación.

En todo caso, el financiamiento a las instituciones que no pertenecen al CRUCh ha ido creciendo porque su participación en la oferta ha aumentado. Así, por ejemplo, la oferta relativa del CRUCh ha caído desde niveles de 48 por ciento en 2000 a los actuales de 28 por ciento. Ello indudablemente ha significado mayores aportes para las instituciones privadas. A propósito de esto, el contralor ha advertido que la rendición de cuentas a la que están sometidas las distintas instituciones de educación superior difiere significativamente y ha recomendado la necesidad de avanzar hacia estándares simétricos. Los controles a los que deben ceñirse las instituciones privadas, incluidas las del CRUCh, parecen insuficientes, pero hay que ser cuidadosos en este análisis. Las instituciones creadas después de 1981 reciben, por una parte, financiamiento estudiantil. Son los jóvenes beneficiados los que definen dónde destinan los recursos, y la institución de educación superior depende en estos casos de sus decisiones. También pueden recibir recursos a través de concursos como los que promueve Conicyt o la División de Educación Superior a través de sus distintos programas. En esos casos hay un juicio de pares que explica la asignación de los recursos, y el buen uso de los mismos los cautela, a través de distintas vías, la propia comunidad académica. De hecho, no son de carácter permanente.

Las universidades del CRUCh reciben recursos de carácter permanente que no están sujetos a un escrutinio particularmente acabado. Es el caso, por ejemplo, del aporte fiscal directo. La naturaleza de los recursos recibidos, entonces, también es asimétrica y no es evidente, por tanto, que los estándares deban ser simétricos. Además, la supervisión que ejerce la Contraloría sobre las universidades estatales tiene que ver con su naturaleza jurídica y no, en estricto rigor, con el hecho de que reciban fondos públicos. Por supuesto, este criterio se podría modificar. Pero ello requiere repensar el gobierno superior de las universidades estatales, toda vez que en la práctica son autogestionadas. El gobierno anterior propuso la creación de una superintendencia de educación superior para someter a todas las instituciones de educación superior a un escrutinio similar, pero que se haga cargo de sus distintas misiones. Parece un camino posible. Además, es una idea que genera elevados apoyos transversales, pero estos disminuyen si a través de esta vía se pretende moldear a las instituciones. La rendición de cuentas, útil y necesaria, no debe ser usada como un pretexto para avanzar en esa dirección.