El proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago ingresó en el Senado para ser visto en segundo trámite constitucional. Ha quedado la duda de si se repondrá la indicación parlamentaria que penalizaba eventualmente el lucro. Es un planteamiento que no tiene sentido y que, además, es de carácter secundario, toda vez que el debate central es si se va a permitir que sigan existiendo emprendedores en educación, como ocurre hace al menos un siglo, exigiéndoles, por cierto, buenos desempeños. Si ello no ocurre, es evidente que se va a cerrar un número importante de colegios de personas valiosas que pensaron que podían combinar apropiadamente, y que lo están haciendo, sus capacidades para ofrecer una educación de calidad y recibir una legítima compensación por ello.

Por cierto, también hay emprendedores que no han logrado armonizar ambos objetivos. Son ellos los que deberían estar afectados por la reforma, no los de buenos desempeños. Que la política educacional no distinga entre sostenedores sienta un mal precedente, sobre todo porque es factible que sean los buenos los que terminen cerrando sus establecimientos con una mayor probabilidad. Ellos parecen ser, en términos relativos, los más afectados. Por eso es tan equívoca la reflexión de la Presidenta Bachelet respecto de que aquellos que vean como indiferente instalar una carnicería o un colegio son los que van a cerrar. Hay una enorme incomprensión en esta frase. Los que cerrarán van a ser aquellos que han cumplido con las exigencias impuestas por el Estado y que han tenido buenos desempeños y sienten que su esfuerzo no es socialmente reconocido por un importante sector de la sociedad.

Parece razonable que el Senado revise cuidadosamente esta situación, como también los mecanismos que se han diseñado para asegurar que los sostenedores cuenten con la infraestructura apropiada. La idea de que no pueden arrendarla es poco eficiente y hace excesivamente costosa la transformación que se pretende. El proyecto olvida, además, que en el futuro, dadas las prohibiciones que contempla, la inversión en renovación de equipos e infraestructura va a tener que ser asumida, en la práctica, por el Estado y el proyecto no contempla los mecanismos para que este propósito se pueda satisfacer.

El término de las prácticas de admisión utilizadas por los liceos emblemáticos puede afectar uno de los pocos vehículos de movilidad social que, de acuerdo con la evidencia disponible, tiene la educación estatal. El Senado debe reflexionar sobre los eventuales costos de esta medida. Adicionalmente, no es evidente que el proyecto proteja adecuadamente la libertad de enseñanza. Una mirada comprehensiva de este valor supone no solo que se autorice la existencia de proyectos educativos diversos, sino también que estos tengan la oportunidad de asegurarse de un compromiso efectivo de sus estudiantes y las familias con la comunidad de valores que quieren promover. Finalmente, la regulación de la expulsión que contempla el proyecto puede ser muy dañina para el clima escolar, toda vez que le pone restricciones exageradas que no se observan en otras latitudes. No cabe duda de que en esta dimensión se requiere un debido proceso, pero al mismo tiempo debe existir la posibilidad, en casos extremos, de aplicar esta sanción de modo efectivo.