Con aplauso cerrado fueron recibidas, en reciente seminario organizado por la Sofofa, las palabras del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien comprometió -sin ambages- el apoyo del Gobierno a los proyectos de inversión con aprobación ambiental al día, haciendo explícita alusión a una controvertida central hidroeléctrica proyectada para el Cajón del Maipo. En el mismo sentido se había pronunciado anteriormente el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Por su parte, la Presidenta Michelle Bachelet, en otro evento, destacó el rol de la iniciativa privada en las concesiones de obras públicas, recordando que el plan del Gobierno es lograr US$ 10.000 millones de esas inversiones en los próximos siete años.

Los variados obstáculos que han demorado o postergado las grandes inversiones en energía, minería e infraestructura estarían siendo revisados por un equipo liderado por el ministro Arenas e integrado por los titulares de las carteras involucradas. Su informe sería presentado a la Presidenta Bachelet a su regreso de Europa. La pronta aplicación de las medidas necesarias para agilizar las inversiones haría carne la anunciada "alianza estratégica" entre el Gobierno y los empresarios.

Todo ello suena bien a los oídos de los empresarios. La motivación directa de las palabras de las autoridades es alentar las alicaídas expectativas empresariales y promover la reactivación de la inversión y del empleo. Es positivo que el Gobierno haya captado el rol crucial de las expectativas en la buena marcha de la economía. Aunque es de lamentar que ello haya ocurrido solo luego de constatar que Chile exhibe en el año la mayor caída de la inversión en América Latina, que su crecimiento podría situarse incluso bajo el 2% y que los efectos de todo esto ya se hacen sentir en el empleo, comentado en esta misma página.

Los anuncios son alentadores, pero deben ser urgentemente seguidos de las acciones pertinentes. Llama la atención que muchas de las iniciativas legales enviadas por el gobierno anterior para destrabar los proyectos de inversión no hayan recibido por parte del actual apoyo alguno. Mientras tanto, la creciente judicialización de los permisos ambientales sigue paralizando inversiones ya autorizadas -por ejemplo, el fallo adverso al importante proyecto minero El Morro-, sin que el Gobierno tome cartas en el asunto; el consejo de ministros que hace de instancia superior en la calificación ambiental acumula causas pendientes, y la iniciativa privada en variados campos -como es el caso de las concesiones de hospitales- es desalentada por razones más políticas que económicas.