El Ministerio Público ha dado a conocer su informe enero-septiembre del año en curso, según el cual, en síntesis, las denuncias de delitos se estabilizan (habría una leve disminución de 0,61% en comparación con igual período del año pasado), pero los asaltos, hurtos y "lanzazos" registran fuertes incrementos. Destaca el que en ese lapso las causas por ataques a cajeros automáticos aumentaron en 152,6% (considerando delitos consumados y frustrados, las denuncias pasaron de 78 a 197); los juicios por delitos sexuales que terminan sin condenados crecen 37,9%. El robo por sorpresa ("lanzazo"), robo con intimidación (asalto) y hurto simple muestran incrementos de 21,9%, 14,3% y 6,5%, respectivamente. Hay dificultad para identificar a los autores de estos delitos: en robo por sorpresa, los imputados conocidos son solo 9,8%; en robos con intimidación, solo 9,0%. Esto es negativo, pues el que haya o no autor identificado incide en las probabilidades de éxito de las causas judiciales respectivas. Los archivos provisionales crecieron de 43,9% a 46,3%, y hoy se están archivando fundamentalmente las causas relacionadas con delitos contra la propiedad.

Posiblemente, estas cifras serán acogidas con reserva por la población, que mal puede cotejarlas con las emanadas de otras fuentes (policías, Ministerio del Interior, tribunales, investigaciones privadas), pero tiene la percepción de que la inseguridad pública aumenta. Así, una interpretación de que las denuncias no aumenten es que las víctimas sientan que de nada sirve denunciar. Con todo, la directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana observa que las cifras son coincidentes con los datos trimestrales publicados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, aunque estima preocupante el alza de los delitos más prevalentes, como aquellos contra la propiedad.

En todo caso, como termómetro de la actividad delictiva, es útil contar con un antecedente adicional que -cabe presumir- influirá en las decisiones de política que adopte la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Asimismo, estas nuevas cifras reconfirman la urgencia de todo lo relativo a técnicas de análisis criminal en las distintas etapas del proceso penal. Esto significa que las policías y el Ministerio Público deben avanzar más en establecer los patrones de los delitos, con mayor proactividad en la identificación de actores prolíficos, bandas, modus operandi , todo lo cual permite mejorar la persecución penal, según lo muestra la experiencia comparada de países avanzados. El modelo en que se basó hace ya dos décadas la reforma procesal penal, que permite salidas tempranas y desestimaciones, evidentemente admite perfeccionamientos a la luz de la experiencia nacional y de los avances internacionales en ese lapso.

Y, a todo evento, estas cifras ratifican una vez más lo impostergable que es disponer en el país cuanto antes de un banco unificado de datos criminales, compartidos por todas las instituciones competentes. Esta necesidad (teóricamente aceptada por todas, pero en realidad resistida por todas) es obvia, y su logro es factible, en la medida en que el Ejecutivo tome la decisión política de impulsarlo con todo el poder de sus vastísimas atribuciones administrativas y colegislativas. La desconfianza pública en las cifras delictivas podría reducirse progresivamente si la población no estuviera constantemente enfrentada a recibir estadísticas que no pueden homologarse, porque cada organismo las recolecta, procesa e interpreta de un modo diferente, y además con el acento en indicadores de actividad administrativa de cada uno, en vez de en eficacia -resultados- de su quehacer. Si se percibe una "verdad judicial" distinta de la "verdad policial", o "gubernamental" o "de fiscalía", es inevitable que cada persona se atenga a su propia percepción, con lesión de la credibilidad en todas las instituciones competentes. No resulta admisible que Chile, con su actual nivel de desarrollo, no parezca capaz de establecer un conjunto de datos e indicadores coherentes en esta materia de vital prioridad para la población.