El aclamado Thomas Piketty, autor del libro "El Capital en el Siglo XXI", impresionante éxito de ventas pese a sus 700 páginas, es hoy referente obligado en el debate sobre la desigualdad reinante en el mundo, especialmente para quienes ven en la expansión del rol del Estado el modo de encararla. En entrevista concedida a "El Mercurio", el economista francés insistió en su visión pesimista sobre el futuro que le aguarda al capitalismo -bajo crecimiento económico y demográfico, persistente concentración de la riqueza-; señaló que si bien las economías emergentes, como China o Chile, aún pueden extraer buenos dividendos de un crecimiento rápido, a la larga enfrentarán esa descorazonadora realidad; y defendió su propuesta de instaurar a nivel mundial tributos progresivos al patrimonio. Pese a las críticas de que ha sido objeto el libro, su autor no parece ceder en ninguna de sus posiciones y reitera los planteamientos que lo han transformado en una de las figuras intelectuales más influyentes en los círculos de izquierda.

Concuerda Piketty en que su propuesta de altos impuestos patrimoniales no es por ahora popular. Pero agrega que la condición para que en definitiva la ciudadanía asuma una mayor carga tributaria es un Estado eficiente: "si queremos que la gente acepte pagar (impuestos), necesitamos que el gasto público funcione bien", dice. Consultado sobre el impacto sobre el crecimiento de la reforma tributaria aplicada en Chile, sentencia: "tener un nivel de impuestos mayor es bueno para el crecimiento, a condición que las inversiones se hagan".

Sus comentarios resultan oportunos cuando se debaten en el Parlamento los proyectos de ley de reforma educacional y el presupuesto fiscal para el 2015. El Gobierno ha hecho del incremento de la injerencia del Estado la solución a cada una de las deficiencias que observa en las diferentes áreas del quehacer económico. Pero ha sido impreciso respecto de cómo específicamente propone hacerse cargo de tales fallas.

En materia educacional, por ejemplo, la reforma que ha conseguido la Cámara Baja introduce importantes restricciones a la operación de la educación particular subvencionada -prohibiendo el lucro, la selección y el financiamiento compartido-, sin hasta ahora aportar ideas concretas para mejorar el desempeño de la calidad de la educación pública, la cual, a juzgar por la masiva emigración de los estudiantes a los establecimientos particulares, es la más defectuosa.

La reforma tributaria fue propuesta para financiar una mayor inversión pública en educación. Hasta ahora, no se conocen los proyectos de alta rentabilidad social que justificarían esos desembolsos. En cambio, para el 2015 se mantendría un aumento normal del presupuesto de educación y se expandirían fuertemente los gastos de los restantes ministerios y reparticiones, incluyendo voluminosas sumas para honorarios, viáticos y otras asignaciones presupuestarias no suficientemente justificadas.

El Gobierno se propone expandir en 10% el gasto público real en 2015 y en cerca de 7% por año durante el cuatrienio. De acuerdo con sus proyecciones, el Estado dispondría en 2018 de una capacidad para gastar 17 mil millones de dólares más que la del presente año, con el consiguiente desafío de administración competente y proba. La prevención de Piketty sobre la necesidad de asegurar la eficiencia del gasto público debería ser acogida por sus seguidores.