Un desafío importante tiene la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA para defender este derecho en la región, teniendo en cuenta el diagnóstico pesimista sobre la situación en diversos países, planteado por varios expositores en la última asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que finalizó ayer en Santiago.

Deben preocupar a toda sociedad democrática las amenazas a las que están sometidos los profesionales de la prensa, y los peligros que corren en el ejercicio de su labor. En las sesiones de la SIP se puso el foco en el incremento de los asesinatos de periodistas en naciones afectadas por el crimen organizado, en las legislaciones que en forma mañosa o encubierta socavan la libertad de los medios de comunicación, y en las persecuciones económicas y judiciales que sufren diarios que no son afines al gobierno -formalmente democrático- de turno.

Es destacable la labor que realiza la SIP, con su comisión sobre libertad de expresión y prensa, pero no suficiente. La Relatoría, en cambio, forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con el respaldo de una organización como OEA, que forma parte del sistema internacional. Es un gran logro de Catalina Botero, la saliente relatora, que en estos últimos seis años la Relatoría haya consolidado una institucionalidad que no tenía, afianzar su independencia gracias a financiamiento independiente, y así pudiera asentar su posición en el ámbito hemisférico. "Hoy somos una institución sólida, capaz de resistir los embates", dijo Botero, en relación con los gobiernos que rechazan el escrutinio internacional al que es sometida su gestión en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión y prensa. En sucesivas declaraciones, Botero señaló a Venezuela y Ecuador (dos países que impugnan los informes por ser adversos), donde "las consecuencias de criticar al gobierno... pueden ser muy graves y dependen de la voluntad de los funcionarios". En una democracia, afirmó, "son barreras contra la arbitrariedad y no están a disposición de la simple voluntad de un Presidente".

La libertad de expresión no solo está amenazada, sino que "ha retrocedido en los últimos años", a juicio de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, quien culpa a ciertos gobiernos que "anteponen la potestad del Estado a los derechos individuales de las personas", porque esa libertad "no es solo decir lo que se piensa", sino "no sufrir represalias económicas, físicas o legales por hacerlo".

Si esto es así, que las libertades han retrocedido, el nuevo relator, el periodista uruguayo Edison Lanza, tendrá aún más dura la tarea que su antecesora para defender los derechos de los ciudadanos. A Lanza lo "deja sin aliento" esta situación, y por eso estableció como una de sus prioridades la defensa de los periodistas que sufren violencia, que en algunos casos, dice, se da por la colusión de autoridades con los criminales. Pedir protección para los profesionales e investigación y sanciones para los culpables, entonces, estará entre sus tareas principales.

Tan importante como eso debiera ser la lucha contra las medidas administrativas y las legislaciones que por medios directos e indirectos buscan censurar a los medios, coartar la libre expresión o el derecho a manifestarse. Esto podría aplicarse a países como Venezuela, que han visto represiones violentas contra protestas opositoras, o como Ecuador, donde el hostigamiento del aparato estatal, impulsado desde el Gobierno, no cesa. En este sentido Lanza ha dicho que "no va a mirar al costado" si se trata de Venezuela o cualquier otro país. Los movimientos contrarios al chavismo, se sabe, son los que más defensa requieren de instituciones que, como la Relatoría, pueden hacer una diferencia en el trato que les da el gobierno.