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Lunes 20 de octubre de 2014
Gobierno implementa plan piloto por Ley del Lobby con siete ministerios y una embajada
Poco más de un mes resta para la puesta en marcha de esta norma, la que, inicialmente, rige a ministros y subsecretarios. Organismos como el BID han cuestionado fuertemente la propuesta.
Rienzi Franco y Cinthya Carvajal
A poco más de un mes para que comience a regir la Ley del Lobby , el Gobierno informó que puso en marcha un plan piloto al que incorporó siete ministerios, seis subsecretarías y a una embajada, la de Chile ante la OEA.
Esta suerte de marcha blanca se conoció en medio de los fuertes cuestionamientos que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo para la Transparencia han realizado a la norma que está pronto a debutar.
"Hemos tenido que fortalecer el desarrollo informático de los registros que exige esta ley. Hemos implementado un plan piloto para efectos de poder probar como es la eficiencia y especialmente revisar la implementación de los registros", afirmó la subsecretaria de la Segpres, Patricia Silva, al participar días atrás de un seminario en la Contraloría sobre la materia.
Según se explicó desde el Ejecutivo, la implementación de este plan piloto ha servido para "sacar las dudas" sobre todo en el tema de las agendas por las audiencias de las autoridades y sus jefes de gabinete. Materia que representa la "mayor complejidad" de la norma, comentan en el Gobierno.
Otro aspecto que generó suspicacias fue el financiamiento de la implementación en régimen de la ley. Los recursos para su funcionamiento provienen de reasignaciones presupuestarias; es decir, no cuenta con una partida específica consignada en el erario fiscal.
Junto con este plan piloto se han realizado jornadas de inducción a cerca de 120 altos cargos del Estado. En el Gobierno señalan que, hasta ahora, la marcha blanca interna por la Ley del Lobby no ha presentado "sobresaltos"; no obstante, advierten que aún resta su puesta en marcha oficial.
Poder Judicial
El Poder Judicial se adelantó a la aplicación de la Ley del Lobby , promulgada en marzo pasado y que obligará a más de 4.700 autoridades a transparentar su agenda, y ya publicó en su portal web la agenda de uno de sus funcionarios.
Desde hace unos días se pueden revisar las actividades que sostiene el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Antonio Larraín.
Hasta ahora la única agenda pública era la del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, medida que se adoptó en 2008, y que se puede ver en el portal institucional.
En los próximos meses, esta publicación se hará extensible -aunque no estaban considerados en la ley- a los ministros consejeros, jefes de departamento y administradores zonales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
El Pleno acordó que solo sean cinco supremos -de los 21 que integran el máximo tribunal- los que hagan públicas sus agendas y reuniones, una vez que entre en vigencia la normativa. Se trata de los cinco que integran el Consejo Superior de la CAPJ, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y los ministros Héctor Carreño, Guillermo Silva, Gloria Ana Chevesich y Lamberto Cisternas.
Senado vota su reglamento
La sala del Senado comenzará mañana la votación de su reglamento de la Ley del Lobby . Para el presidente de la comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, Hernán Larraín (UDI), "este texto es bastante completo, recoge las necesidades de tener reglamentos internos sobre audiencias públicas, sobre lobistas y gestores particulares, la necesidad de reglamentar e informar de las distintas actividades, incluyendo viajes y donativos; y le entrega una serie de obligaciones a los parlamentarios".
La Cámara de Diputados, en tanto, también dará inicio a la discusión del reglamento del lobby en los próximos días.