El intendente de la IX Región, Francisco Huenchumilla, se quejó de la distinta velocidad con que las instituciones del Estado operan en la zona con miras a resolver los problemas derivados del así llamado conflicto mapuche, focalizando sus dichos en la Conadi. Al respecto, su director, Alberto Pizarro Chañilao, no aceptó las críticas, y dijo que había que ser cuidadoso en el manejo de las expectativas y que los procesos en los que trabaja toman su tiempo.

El intendente, por su parte, ha basado su plan para La Araucanía en tres aspectos del problema: el político, relacionado con la política de tierras y representatividad de las etnias originarias en la vida de la nación; el de la pobreza y desarrollo de sus miembros, y el de la seguridad. En todos ellos Huenchumilla se ha propuesto actuar con celeridad, y de allí su frustración con las otras instituciones.

Su nominación, considerando lo delicado del problema que la región enfrenta, tuvo una mayor connotación política que la del resto de sus colegas, y fue escogido por su experiencia de alto nivel en diversos cargos en el aparato estatal, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, así como por su origen. Sin embargo, el problema que enfrenta el intendente va más allá de las instituciones de las que se queja. Por un lado, ha tenido dificultad para reunirse con la Presidenta Bachelet -la entrevista se produjo finalmente la semana recién pasada-, fundamental para conferirle el poder que su responsabilidad requiere, y, a su vez, la Presidenta no ha visitado la región desde que asumió, lo que es ilustrativo de la prioridad que el problema ha tenido. Por otra parte, tampoco es seguro que su agenda consiga resolver los temas más acuciantes del conflicto, tanto por lo ambiciosa de ella como por el hecho de que sus efectos se percibirán en el tiempo, y no de manera instantánea. Asimismo, un elemento esencial de la agenda, la política de tierras, que es sobre la cual tuvo este entredicho con la Conadi, es solo una parte de las exigencias que los grupos mapuches más organizados están planteando. Más allá de las hectáreas prometidas y detectadas por el Estado, que el senador Espina presentó al Ejecutivo como primer punto del plan que él elaboró al respecto, estos grupos están planteando una autonomía regional mucho más elaborada, con traspaso de recursos y poder, lo que abre toda una temática que hasta ahora no ha estado sobre la mesa.

En ese escenario, el apuro de Huenchumilla se justifica para mostrar la prioridad que el Gobierno le da a la resolución del problema, pero la agenda de soluciones propuesta deberá, en algún momento, aclarar que dicha autonomía no formará parte ella.