Durante los últimos días, a propósito de diversos debates y pronunciamientos de expertos internacionales, han vuelto a reiterarse enunciados por todos compartidos pero que se hallan embarazosamente ausentes de las políticas de reforma educacional en curso.

Primero, ha terminado por imponerse la opinión de que el proyecto impulsado por el Gobierno no apunta a los problemas y desafíos de fondo de la educación chilena. Asimismo, existe la idea -cada vez más difundida- de que, aprobado este proyecto, las dificultades de su implementación superarán con creces los escasos beneficios. Quiere decir que las cuestiones claves de calidad, equidad y efectividad del sistema permanecerán inalteradas.

En seguida, se insiste que una reforma educativa -para ser eficaz- debería atacar en Chile, ante todo, la desigual oferta de oportunidades de aprendizaje, cuya heterogénea calidad afecta negativamente a los niños y jóvenes más vulnerables y favorece a los hijos de hogares con ventajas de capital económico, social y cultural. Significa que la prioridad debió ponerse en las escuelas con mayores déficits sociopedagógicos, independiente de la naturaleza legal de sus sostenedores. Justo lo contrario del camino elegido por el equipo de la Presidenta Bachelet.

Tercero, expertos nacionales e internacionales han insistido nuevamente que la reforma será tan seria y profunda como sean las medidas que el Gobierno adopte para fortalecer la profesión docente. ¿Qué se ha hecho en este plano? Por parte del Gobierno, hasta ahora nada sustantivo. Solo el movimiento académico "Plan Maestro" presidido por Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Educación, ha adelantado propuestas que contribuirán a abordarlo.

También hay consenso en torno a la idea de que es imprescindible aumentar de manera extraordinaria el gasto público en educación temprana y escolar. Sin embargo, el Gobierno ha preferido proyectar ese mayor gasto a más de 20 años plazos. Por otra parte, este, por sí solo, no producirá los efectos buscados a menos que se acompañe con cambios de gestión en los centros escolares y un aumento de las capacidades directivas y de rendición de cuentas.

Lo dicho vale particularmente para los colegios municipales cuya administración se halla en una suerte de limbo; entre un estatuto que el Gobierno da por fenecido y uno nuevo que ni siquiera comienza a discutirse.

De hecho, casi toda la plataforma institucional de provisión de educación obligatoria -tanto municipal como privada subvencionada- se halla cuestionada por la autoridad, siente en riesgo su futuro, percibe una pérdida de legitimidad y actúa en medio de incertidumbres que se transmiten por miles de canales y redes.

Al contrario, el sentido común y las voces expertas llaman a confiar en los colegios, profesores y padres y apoderados. Sostienen que la confianza es clave para el éxito de las reformas y facilita articular la diversidad de visiones e intereses necesaria, condición para lograr transformaciones significativas. El Gobierno, en tanto, ha creado un mal ambiente en torno a sus iniciativas, presentándolas de manera improvisada y confrontacional.

Por cierto, expertos invitados del extranjero, y casi todos en el país, insisten en la necesidad de reducir la desigual distribución social de la educación y disminuir el 'efecto cuna' sobre el destino de las personas. Sin embargo, los medios para avanzar en esa dirección se encuentran ausentes de la discusión que, más bien, gira apasionadamente en torno a cómo arrendar locales escolares, penalizar el lucro e imponer nuevas formas jurídicas a los proveedores. Es decir, materias para nada relevantes en la búsqueda de cómo estrechar las brechas educativas en nuestra sociedad.

Por último, subsisten hasta hoy preguntas cruciales que la autoridad no ha podido o querido responder. Dos a manera de ejemplo: ¿Cual es el lucro (hoy legal) efectivamente realizado, en qué número de establecimientos subvencionados y por qué sumas anuales durante los últimos cinco años? ¿Cuánto dinero se prevé gastar en la gratuidad universal de la educación superior, incluyendo al decil más rico de padres que paga caramente la educación de sus hijos (los herederos) en colegios secundarios privados?

En fin, sorprende que tantas ideas, anhelos, enunciados e interrogantes convergentes, ampliamente compartidos, sin embargo se mantengan fuera del radar y foco de la acción gubernamental. Es como si esta se desarrollase con total prescindencia del entorno, sin importar ni los acuerdos ni las inquietudes que van conformando un difundido razonamiento y sentimiento en torno a la reforma educacional que el país necesita, pero que la autoridad no asume.