Elección de intendentes y calidad del debate

Signo de inquietante pobreza en nuestro debate público, las primeras discusiones luego del anuncio presidencial de una reforma constitucional para que los intendentes sean elegidos por votación popular se han centrado en la fecha de esos comicios y si ella sería conveniente para los intereses del oficialismo. De los efectos del cambio en las estructuras del Estado se ha hablado escasamente, y aun menos de otras materias contenidas en el informe de la comisión cuyas propuestas recogió la Mandataria.

Aunque históricamente han jugado un papel relevante en centros urbanos distintos de la capital, la estructura centralista del Estado chileno se remonta a los orígenes del país y a las precarias condiciones en que debió desarrollarse, con una economía marcada por la pobreza y en que las provincias carecían de recursos que les dieran sustentabilidad. Tal esquema dio pie a frecuentes conflictos: a excepción de la guerra civil de 1891, todas las revoluciones del primer siglo de historia republicana estuvieron signadas por el enfrentamiento entre Santiago y otros polos recelosos de su poder.

Con todo, logró consolidarse un esquema institucional que operó por décadas. En este, la figura del intendente, como representante y nexo del gobierno central con las regiones, ocupó un lugar protagónico; no es casual que los políticos más importantes de aquella etapa -desde Vicuña Mackenna a Domingo Santa María- hayan desempeñado el cargo en algún momento. El desarrollo posterior, sin embargo, fue menguando ese poder, en la medida en que, con el avance de las comunicaciones, el nexo entre las autoridades de Santiago y las provincias se hizo más directo. Esta dilución de su rol es hoy particularmente evidente en la Región Metropolitana, en contraste con el protagonismo y poder que acumulan los alcaldes de las comunas con mayores recursos.

La evolución del proceso regionalizador, por otra parte, junto con reducir al extremo la figura del gobernador provincial, ha derivado en nuevos focos de tensión, donde a la tradicional pugna con la metrópolis se suman conflictos con las capitales regionales, cuya situación es resentida por otros núcleos locales. La respuesta -muy insatisfactoria- ha sido la creación de nuevas regiones.

Y en el poder central, pese a la existencia de ciertos fondos reglamentados, el relacionamiento con los niveles locales y regionales carece de madurez institucional; basta comparar la solidez de una instancia como la Dirección de Presupuesto con la situación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, poderosa sin embargo en recursos y capacidad de cooptación.

Cores, experiencia a evaluar

Hay pues una acumulación de problemas que estresan la estructura político-administrativa, y una demanda por mayor descentralización, acorde con el grado de desarrollo del país. La constatación de aquello no debiera llevar sin embargo a la adopción irreflexiva de medidas apresuradas ni a pretender resolver todo a la vez, en una suerte de big bang institucional.

La experiencia de los consejeros regionales debiera tenerse en cuenta. Introducidos junto con la reforma constitucional sobre municipios de principios de la década de 1990, se buscaba así establecer un contrapeso respecto del intendente; en los hechos, su figura resulta hasta hoy desconocida por la ciudadanía. Ni siquiera la reforma que estableció su elección directa ha alterado esa situación, y no han cesado sus reclamos por sus escasas atribuciones.

Interrogantes que exigen respuesta

La elección de intendentes por votación popular plantea cuestiones de difícil solución práctica. Desde luego, la relación entre esas autoridades y un gobierno central de signo político opuesto puede resultar conflictiva, además de desequilibrada. Poco sentido tendría contar con intendentes electos cuyo poder real se limite al de plantear públicamente demandas que excedan sus capacidades decisorias. El tema del control del orden público -cuya responsabilidad la comisión propone mantener en el gobierno central- supone otro conjunto de interrogantes, así como la cohabitación entre seremis dependientes de los ministerios de Santiago y direcciones regionales nombradas por el intendente y que concentrarían funciones hoy a cargo de distintos servicios.

La propuesta de la comisión sobre descentralización incluye una diversidad de otros cambios -desde una ley de rentas regionales hasta otra sobre traspaso de facultades- que buscan hacerse cargo de estos problemas, pero aparte de lo discutibles que puedan resultar algunos, es dudoso que en los breves plazos que se contempla (incluso si la elección de intendentes se hiciera en 2017, y no en 2016), todas esas modificaciones puedan ser razonablemente procesadas por el Poder Legislativo. Crucial resulta evitar los riesgos -de los que países vecinos son claro ejemplo- de un esquema de descentralización fallido, pero también el peligro de, dado el apuro, transformar esta en una discusión meramente electoral, que impida avanzar de modo consensuado y que solo sirva para ubicar a los actuales intendentes como eventuales candidatos en hipotéticos comicios regionales.