Nadie podría sostener que nuestro país tiene un sistema educativo equitativo y de calidad. Sin embargo, es un error afirmar que la base de sus problemas está en la forma en que se ha organizado. Chile es uno de los países que más han avanzado en pruebas internacionales en las últimas dos décadas (un estudio en particular lo sitúa como el segundo país con mayores progresos después de Letonia) y lidera la región latinoamericana. También es cierto que su sistema educacional es altamente segregado, pero no es evidente que ello sea resultado del diseño específico del sistema, ya que el país presenta a la vez una alta desigualdad y una vasta cobertura en educación secundaria.

Por estas razones el debate educacional en el último tiempo, excesivamente concentrado en el diseño de nuestro sistema y con nula información respecto de los eventuales impactos que las reformas que se proponen le provocarán al sistema escolar, ha resultado especialmente frustrante para muchas comunidades escolares, expertos y para la opinión pública en general. El escenario más probable es que provoquen grandes tensiones en el sistema escolar, reduzcan las alternativas educacionales disponibles, desvíen la atención desde la gestión pedagógica a la administrativa, disminuyan el potencial de los liceos emblemáticos como vehículo de movilidad social e impacten negativamente el clima escolar, entre otros factores, sin afectar calidad, equidad e integración social, objetivos declarados del proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección.

Por eso es positivo que el Gobierno haya anunciado en el Día del Profesor que está pronto a enviar un proyecto que aspira a instalar las bases de una nueva política docente. Si el país logra iniciar un proceso de atracción, selección y mantención de profesionales con las suficientes habilidades, destrezas y competencias para ser profesores efectivos en las aulas del país, se podrá seguir progresando en educación, acercándonos a los países de mejores desempeños en esta área esencial. Esta debería ser la principal tarea del sistema escolar chileno junto con asegurar una educación inicial de calidad que permita abordar tempranamente las diferencias en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales que se producen y que están tan ligadas al origen socioeconómico y cultural de los hogares.

Los anuncios son todavía muy generales, pero se pueden derivar de ellos aspectos positivos, otros más cuestionables y algunas omisiones. Entre los primeros se encuentra la idea de crear un programa más integral de atracción de jóvenes talentosos a la profesión docente. La beca vocación de profesores actualmente existente es un muy buen instrumento, pero se complementaría muy bien con un programa de estas características. También es razonable que existan distintas categorías profesionales para los docentes que permitan diferenciar sus remuneraciones no principalmente por experiencia, como ocurre en la actualidad, sino que también por su competencia profesional. La carrera docente consideraría cinco niveles y aparentemente tendría una estructura similar, en esta dimensión, al proyecto que envió en su momento el anterior gobierno. Estas distintas categorías estarían, por supuesto, vinculadas con un incremento de remuneraciones a medida que se avanza profesionalmente. Es importante que ellas no estén vinculadas necesariamente a mayores responsabilidades, sino que solo a capacidad profesional, de modo que un buen profesor de aula pueda permanecer en ella y mejorar su remuneración.

Asimismo, es valorable que se proponga avanzar en reducir la carga de horas no lectivas. Nuestro país tiene un equilibrio inadecuado en esta materia cuando se lo compara con otros países e impide que los profesores tengan suficiente tiempo para preparar sus clases y realizar aquellas tareas en equipo, como por ejemplo elaborar estrategias para elevar los aprendizajes de los estudiantes rezagados, que son indispensables para abordar los desafíos que significa el proceso educacional. La disminución sugerida en el número de alumnos por curso, en cambio, es una estrategia más discutible. Es una medida cara y poco efectiva de acuerdo con la literatura especializada. Además, en la práctica el número de alumnos por curso ha disminuido en la gran mayoría de los planteles escolares del país. Más que forzar una política de estas características los recursos de la subvención deben ser asignados con la suficiente flexibilidad para que los establecimientos que estimen que este es el camino para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes puedan hacerlo, pero con compromisos de desempeño.

Entre los aspectos cuestionables se puede mencionar un enfoque que, en general, tiene un carácter centralizado. La idea de que los futuros profesores sean acompañados en sus primeros pasos por mentores formados a través de un programa nacional lleva a preguntarse por la autonomía de los planteles escolares y, en particular, por el papel del director en este proceso. La experiencia internacional apunta a la necesidad de fortalecer los liderazgos directivos y a través de esta vía asegurar colegios, escuelas y liceos más autónomos. Por esta misma razón, el camino que han elegido los países que destacan por sus buenos equipos docentes ha privilegiado una detección temprana, en algunos casos incluso antes de iniciar la formación definitiva de un futuro profesor, de las habilidades docentes. Se prueba, entonces, a docentes potenciales y se descansa en la observación de su desempeño y en el informe del director del establecimiento.

Este parece ser un camino superior al sugerido por el Gobierno, que a la larga generará una tensión con los directores, que resienten sus escasas atribuciones en la selección de sus docentes. Hay que considerar, además, que el plan de gobierno consideraría después de este proceso de acompañamiento una prueba obligatoria de ingreso a la profesión docente, aunque no habilitante, cuya utilidad es difícil de prever. Cabe suponer que el profesional que no la apruebe deberá seguir preparándose, pero ¿continuará vinculado al establecimiento educacional en el que se encuentra? ¿Qué legitimidad tendrá para seguir desempeñándose en esa labor? ¿Y el mentor que lo acompañó? El camino que habría elegido el Gobierno en esta dimensión parece engorroso y lleno de complicaciones.

En los anuncios realizados por el Ejecutivo hay un gran ausente: el director del establecimiento. Este está siendo seleccionado en la educación estatal por Alta Dirección Pública y si bien este proceso requiere mejorar, se ha iniciado un camino de profesionalización de esta actividad que debe ser acompañado por una transferencia mayor de responsabilidades, y entre estas son fundamentales la selección de sus equipos docentes, muy limitada en la actualidad, y su evaluación. Este actor es una pieza clave en el mejoramiento de la educación y no puede estar al margen de las transformaciones que se introduzcan en la carrera profesional docente. Sería un error que esta se desarrollara completamente al margen de los directores de los planteles escolares.