La Araucanía arrastra un conflicto por más de 100 años y solo en la última década le ha costado la vida a 16 compatriotas mapuches y no mapuches, además de los 700 atentados incendiarios a casas, galpones, buses, camiones, bosques y maquinaria agrícola y forestal.

Pese a los esfuerzos, ningún gobierno ha podido resolverlo porque siempre lo han enfrentado con medidas parciales y no con un planteamiento integral en las áreas de mayor controversia. Estas son la propiedad de las tierras; la pobreza rural; la participación del pueblo mapuche en la institucionalidad del país, y la violencia e impunidad en que quedan la mayoría de los autores de los delitos.

Conscientes de que no es posible seguir limitándonos al diagnóstico, resolvimos recoger las visiones y sugerencias de numerosos líderes mapuches, agricultores, parceleros, víctimas de la violencia, representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, alcaldes, consejeros regionales y de los ex presidentes Frei, Lagos y Piñera.

Así surgió la propuesta "Acuerdo por la paz social en La Araucanía", que fue recibida y valorada por la Presidenta Michelle Bachelet. Sabemos que no es la última palabra, sino el primer paso, el inicio de un camino hacia el encuentro para la paz social que tanto se merecen las familias de La Araucanía.

En materia de tierras, el conflicto se origina porque el Estado de Chile, en varios casos, entregó a las comunidades mapuches títulos de merced sobre superficies respecto de las cuales el mismo Estado entregó títulos de dominio a agricultores, quienes las trabajan desde hace décadas. Los mapuches piden que el Estado de Chile cumpla con su obligación de entregarles las tierras que ampara su título de merced, y los agricultores piden que se respete su derecho de propiedad sobre las tierras que están inscritas a su nombre.

Nuestra propuesta establece que se haga un catastro y se determinen las tierras que el Estado se comprometió a entregar a los mapuches, poniendo fin a una demanda que, hasta ahora, es ilimitada, y que acentúa y perpetúa el conflicto.

Para ello sugerimos formar un consejo o "aukiñ", integrado por representantes de los mapuches y de los agricultores, elegidos por ellos mismos, más autoridades del Estado, otorgándoles a los primeros el derecho a optar por tierras o compensaciones distintas.

Hasta ahora nunca han dialogado en forma directa los mapuches y los agricultores, sobre la base del respeto recíproco y la buena fe. Sabemos que habrá sectores que se marginarán, pero serán ellos mismos quienes se aislarán de un proceso que, impulsado con decisión política, conducirá hacia la paz social en la región.

Respecto de la pobreza rural, proponemos un conjunto de medidas, entre ellas la Corfo rural, cuyo propósito será apoyar y capacitar a las familias campesinas, sin distinción, para que logren trabajar bien sus tierras, recibiendo una justa retribución y no seguir viviendo del asistencialismo del Estado.

En el área institucional, sugerimos el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la creación de un ministerio de asuntos indígenas y la existencia de cuotas en el Parlamento y los consejos regionales, de manera de tener una interlocución con los líderes mapuches elegidos democráticamente, lo que hasta ahora no es posible por la dispersión que existe entre ellos.

También proponemos indemnizar a las víctimas de la violencia, ya que como señaló el ex canciller y ex senador don Enrique Silva Cimma, en La Araucanía "existe una falta de servicio del Estado de Chile", al ser incapaz de dar la mínima protección a los habitantes de la región.

Como contrapartida a los beneficios anteriores, se excluye de ellos a los condenados por hechos de violencia, debiendo las autoridades aplicarles todo el peso de la ley sin aceptar su justificación por reivindicaciones históricas.

Hoy las familias de La Araucanía, al igual que todos los chilenos, no solo necesitan sino que tienen el derecho de vivir en paz. Corresponde que el Gobierno cumpla su compromiso de dar una respuesta a nuestra propuesta. Por cierto, se puede modificar y mejorar, pero lo que no se puede hacer es mantener la actual situación, ya que solo conducirá a agudizar la violencia y perpetuar un conflicto que se puede solucionar sobre la base de la justicia y la paz social.

Alberto Espina O.
José García Ruminot
Senadores RN