Las reformas laborales que rigidizan los mercados del trabajo y encarecen arbitrariamente los costos de la mano de obra -es decir, los elevan por encima de su productividad- generan distorsiones que a la larga reducen las tasas de participación laboral y el crecimiento de los salarios, particularmente de los trabajadores menos calificados. La experiencia europea de las décadas de 1970 y 1980 es muy ilustrativa de este fenómeno. Nuestro país no puede cometer esos errores, sobre todo porque tiene enormes desafíos en materia de empleo y productividad de sus trabajadores que parecen tanto o más urgentes que un supuesto fortalecimiento de sus sindicatos.

En el mundo, la tasa de sindicalización ha ido cayendo, y para los países de la OCDE, por ejemplo, es diez puntos porcentuales más baja que en 1990. Existen naciones que se han exceptuado de esta tendencia, pero el fenómeno es relativamente generalizado. Con todo, a pesar de esta baja, hay países que tienen tasas muy superiores a la chilena. Por último, hay evidencia que sugiere, aunque no es unánimemente compartida, que los países con sindicatos más poderosos y de más alta cobertura logran una mayor compresión salarial. Parecerían existir, entonces, argumentos para defender la agenda laboral que se postula. Sin embargo, la evidencia también reconoce que ello puede afectar las oportunidades laborales de otros trabajadores y, por consiguiente, sus ingresos, de modo que el efecto a nivel del país es opinable.

En el caso de Chile, la falta de oportunidades laborales, sobre todo para los trabajadores menos calificados, y de un sistema de capacitación apropiada sugiere que el efecto de una agenda laboral como la que se está pensando puede producir un efecto negativo, ya que incluye, entre otros, la titularidad sindical y el fin del reemplazo en caso de huelgas. La primera de estas alternativas significa dejar en manos de los sindicatos la decisión de que los beneficios logrados en las negociaciones colectivas puedan extenderse a los trabajadores no sindicalizados. Eventualmente se restringiría también la posibilidad de que grupos negociadores puedan desarrollar su propia negociación. Además, se ha sugerido que pueda haber un proceso de sindicalización automática con posterior renuncia para los trabajadores que se incorporan a una empresa. Lo anterior restringe severamente la gestión de la empresa y reduce los espacios de libertad de negociación para los trabajadores sin que exista una clara justificación para ambas iniciativas que no sea otorgarles arbitrariamente un mayor poder "monopólico" a los sindicatos. El fin del reemplazo en caso de huelgas es incluso atentatorio contra el derecho de propiedad, y trabaría el funcionamiento de las empresas. Es cierto que hay otros países que establecen esta disposición, pero existen múltiples alternativas para eventualmente descolgarse de una prohibición tan categórica. El cambio que se pretende establecer no parece el más equilibrado.

Tampoco la evidencia comparada parece acompañar la idea de que el fin del reemplazo beneficie a los trabajadores. La experiencia de Canadá, por ejemplo, es que en el mediano y largo plazo el empleo cae y también los salarios, y solo en el corto plazo podrían existir efectos favorables para el trabajador. Si se piensa que Chile tiene una tasa de participación laboral que es cinco puntos porcentuales inferior al promedio de la OCDE y entre 10 y 12 puntos porcentuales por debajo de la que se observa en países como Australia, Nueva Zelandia o Canadá, y que, además, hay enormes diferencias de productividad entre nuestros trabajadores, las prioridades laborales deberían estar claras. Por el contrario, lo que se conoce hasta ahora de la agenda laboral es un salto al vacío de insospechadas consecuencias.