Una larga y confusa votación acompañó la aprobación del proyecto de ley que pone fin al lucro, la selección y el copago en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Su origen parte del diagnóstico de que la existencia de lucro, copago y procesos de admisión es fundamental para explicar los insuficientes desempeños de nuestro sistema educativo, las importantes brechas que existen entre estudiantes de alto y bajo nivel socioeconómico y la elevada segregación que se da en el sistema educacional. Este diagnóstico no parece tener suficiente respaldo empírico y, a la luz de esa ausencia, es difícil avalar la escasa profundidad y la falta de gradualidad con la que se están introduciendo cambios que seguramente tensionarán nuestro sistema educativo con un alcance que las autoridades desconocen.

La equivocada percepción respecto del origen de nuestros problemas queda en evidencia cuando se comprueba que en los últimos quince años el país ha reducido a la mitad la distancia en logros educativos que nos separa de los países más desarrollados de peor desempeño relativo, lo que se ha hecho disminuyendo las brechas entre estudiantes de alto y bajo nivel socioeconómico y elevando las tasas de graduación en la educación secundaria. Por cierto, lo que se ha recorrido es insuficiente, pero para seguir mejorando, el sistema tiene que definir una visión de los cambios que pueden producir esos avances adicionales. En este proyecto esa mirada está ausente, y como se desconocen otros aspectos de la agenda, el debate ha sido muy decepcionante para la población.

Eso sí, el proyecto aprobado resolvió en mejor forma que el original el término del financiamiento compartido, toda vez que en lugar de definir un plazo, se acordó que aquel se fuera reduciendo en el mismo monto en que aumente la subvención.

El término generalizado del lucro, que en Chile se ha permitido en educación escolar desde el siglo 19, es un error, puesto que muchos de estos establecimientos exhiben buenos desempeños y no hay evidencia de que contribuyan a la segregación. Habría sido más razonable un cambio gradual en que se prohíba que los nuevos establecimientos puedan organizarse como sociedades educacionales y demandar de los existentes estándares mínimos de desempeño, quizás más exigentes que los definidos por el sistema de aseguramiento de calidad. La obsesión por el lucro ha justificado otras disposiciones muy dañinas, como la que prohíbe esta posibilidad para entidades de asistencia técnica educativa.

Por último, se ha legislado un sistema de admisión que se asemeja a los que existen en unas pocas ciudades en el mundo, propios de modelos educativos que no permiten la libertad de enseñanza con fondos públicos, y que, como ocurre en Nueva York, están siendo fuertemente cuestionados. No se ha hecho, por lo tanto, un esfuerzo real para resguardar este principio. Adicionalmente, el sistema propuesto acaba, en la práctica, con los liceos públicos de excelencia, sin que hasta ahora se haya justificado apropiadamente su término, lesionando un vehículo aparente de movilidad social. Son señales complejas para el sistema escolar. También lo son las restricciones aprobadas para la expulsión que, tal como están redactadas en el proyecto, pueden complicar el término de la matrícula de estudiantes con graves problemas conductuales, ámbito en el que no hay países que impongan cortapisas tan severas a los planteles escolares. Las restricciones a los procesos de admisión de los colegios particulares que se aprobaron son innecesarias, se alejan de las ideas matrices del proyecto y pueden ser inconstitucionales. En suma, este es un proyecto que adolece de serias deficiencias, que parece no aproximarse a la solución de los problemas educacionales del país y que crea una tensión que puede detener los avances que se han estado registrando en los últimos lustros. Se requiere mayor liderazgo y un trabajo más serio y menos ideológico de nuestras autoridades educacionales y del Congreso para fortalecer la educación chilena.