Macarena Toro, Javiera Herrera y Fernanda Paúl

Anoche, la comisión de Educación de la Cámara cumplía más de 38 horas de debate para despachar, con suma urgencia, el proyecto del Ministerio de Educación que pone fin al lucro, copago y selección en los colegios que reciben fondos públicos.

La reforma tenía que salir ayer de la instancia, para pasar a la comisión de Hacienda, pero el trámite no fue fácil. "En el caso de no estar despachado, al término de la última sesión que celebre la comisión (...) deberá declararse cerrado el debate y procederse a la votación hasta el total despacho del proyecto", advirtió por la tarde el presidente de la comisión, Mario Venegas (DC).

Durante la jornada se vio varias veces a Osvaldo Andrade, presidente del PS y vocero de la Nueva Mayoría, quien estuvo monitoreando que el ritmo del debate fuera rápido. No estuvieron en el lugar los líderes de la Alianza, coalición que no logró aprobar casi ninguna de sus indicaciones.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones se dio al interior del oficialismo. Anoche, los asesores del Mineduc salieron en numerosas oportunidades de la sala para hablar personalmente con cada uno de sus diputados, buscando asegurar sus votos a favor del arriendo de inmuebles, luego de que varios mostraran aprensiones. La indicación recibió críticas de la Alianza pero también de la izquierda independiente. "Con esto, el Gobierno renuncia a su voluntad inicial y eso es lo que precisamente no podemos permitir y quiero hacer un llamado en particular a los parlamentarios de la Nueva Mayoría a que ayudemos al Gobierno a rescatar el espíritu original de este proyecto en esta materia", argumentó el diputado Gabriel Boric (Ind.), acusando presiones y rechazando la propuesta.

Giorgio Jackson (Ind.) también planteó reparos y Alberto Robles (PRSD) manifestó su abstención frente a la iniciativa, dado que no apoyaba su fondo pese a que su partido no tenía problemas.

El ministro Eyzaguirre defendió su propuesta asegurando que "imputar un costo al uso de la infraestructura" es solo reconocer que "el capital tiene un costo, que no es el lucro". Finalmente, su visión fue la que terminó siendo acogida (ver recuadros).

También prosperó una indicación ingresada el martes por el Ejecutivo que permite que los sostenedores puedan utilizar los recursos que reciben en activos financieros, siempre y cuando los montos vayan con fines educativos.

También se mantuvieron los criterios para los liceos emblemáticos, los cuales podrán seguir seleccionando a sus alumnos del 20% de los estudiantes de mejor rendimiento. Tras los seis días de tramitación, el proyecto experimentó varios cambios en sus artículos.

Uno de los rechazos que hubo fue a los criterios que estaba proponiendo el Ejecutivo para la apertura de nuevos establecimientos. Así, esta solo será posible cuando haya una demanda no cubierta, lo que fue criticado por el diputado Felipe Kast (Evópoli): "Se condenó a las comunas con educación de mala calidad a no abrir nuevos colegios, aunque sean de excelencia".

Siguientes pasos

Tras el paso por la comisión de Hacienda, que debiera durar no más de cuatro días y se iniciará la próxima semana, la reforma irá a la Sala. En esa instancia, varios diputados, como Cristina Girardi (PPD), adelantaron que volverán a ingresar a indicaciones.

La incógnita es lo que sucederá en el Senado. "Los antecedentes que tenemos de la reforma tributaria nos alertan", indicó Jackson. Añadió que "hay una fuerza social, tenemos muchos ojos mirando, que van a impedir, espero, que se pueda cambiar el espíritu de lo que se ha legislado acá".

Por su lado, Venegas afirmó que "no le tengo ningún temor y ningún trauma con que eventualmente cualquier senador pueda legítimamente, en el uso de sus atribuciones, no estar de acuerdo con algún aspecto en puntual (...). Sí me parecería impropio que en el Senado pretendieran cambiar completamente el sentido de lo aprobado".

En la Alianza la visión es crítica. Jaime Bellolio (UDI) señaló que "muchas de las indicaciones aprobadas por los parlamentarios de la Nueva Mayoría son directamente contrarias a lo que estaba proponiendo el Gobierno y alusivas a limitar la capacidad de las escuelas. (...) Esta termina siendo una reforma antieducación particular subvencionada, que desprecia la calidad y las decisiones de los padres".