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Editorial
Jueves 02 de octubre de 2014
Ley pareja contra los abusos
Como suele ocurrir, el escándalo mueve a muchos a suponer que en Chile los delitos "de cuello y corbata", como la colusión o por ejemplo las infracciones a la legislación financiera denunciadas en el llamado "caso Cascada", serían tratados con demasiada clemencia...
Es ostensible la creciente sensibilidad que manifiesta la opinión pública frente a las situaciones que estima abusivas, y se observa especial indignación cuando atribuye esa acción a un agente económico privado. Eso explica en parte el revuelo provocado por el fallo del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) contra las tres principales empresas productoras de pollos acusadas de haber mantenido por largo tiempo un cartel. Esta causa nació cuatro años atrás de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, llevada a cabo profesionalmente y que -gracias a las modificaciones legales introducidas en 2009- contó con nuevos instrumentos y medios de prueba. Aunque hay aún recursos judiciales pendientes, tratándose de una componente esencial de la canasta popular de consumo, es perfectamente explicable la conmoción que ha suscitado la colusión descubierta. Aunque es lamentable que hechos semejantes -graves, pero aislados- sean aprovechados por algunos para desacreditar a la actividad empresarial y a la economía de mercado, que se funda en la libre competencia, es sano que los ilícitos denunciados despierten amplio repudio y que su sanción social sirva para disuadir a otros que pueden sentirse tentados. Un empresariado sujeto a estrictos patrones éticos ayuda a la buena marcha de una economía de mercado.
Como suele ocurrir, el escándalo mueve a muchos a suponer que en Chile los delitos "de cuello y corbata", como la colusión o por ejemplo las infracciones a la legislación financiera denunciadas en el llamado "caso Cascada", serían tratados con demasiada clemencia. Pero en la colusión aludida -como en las anteriores de las farmacias y buses interurbanos- estamos en presencia de una persecución eficaz del delito y la imposición de sanciones pecuniarias y morales que en caso alguno pueden considerarse menores. Es cierto que el cartel del pollo aparentemente habría logrado operar por más de 15 años, pero hay que considerar que a lo largo del tiempo se han hecho más estrictos los criterios para calificar las conductas anticompetitivas y se ha perfeccionado la ley correspondiente. Se ha señalado también que las multas aplicadas por el TDLC -las máximas que permite la ley- serían modestas en relación con el beneficio obtenido por el cartel. Pero es discutible que sea ese el criterio punitivo correcto, dado que las estimaciones son siempre muy discutibles, que el perjuicio total causado a los consumidores es proporcional al tiempo transcurrido, que existen recursos civiles para resarcir tales perjuicios y que, en cualquier caso, siempre es necesario cuidar que las multas no provoquen la bancarrota del infractor. Finalmente, se ha planteado también la conveniencia de imponer sanciones personales a los responsables de las colusiones, incluyendo la pena de cárcel, como estipulaba nuestra legislación hasta la modificación introducida en la década pasada. Una comisión presidida por el ex decano de la Universidad Católica Francisco Rosende, por encargo del gobierno del ex Presidente Piñera, estudió el tema y se pronunció por revisar las multas, pero no logró acuerdo en restituir la pena de cárcel, debido a sus complejidades procesales. El actual gobierno ha manifestado su voluntad de reestudiar el punto.
Pero la justa indignación que suscitan en la opinión pública las infracciones empresariales parece no expresarse con la misma fuerza ante las múltiples manifestaciones de abusos por parte de funcionarios públicos. Es cierto que algunos de ellos no persiguen una finalidad pecuniaria, pero la motivación demagógica y el afán de poder pueden ser tan condenables como aquella. Por el desastre social y económico causado por el Transantiago no hay nadie que responda. Los desvíos de las subvenciones escolares a otros propósitos por parte de algunas municipalidades, denunciados reiteradamente, permanecen impunes. El contralor Ramiro Mendoza ha acusado la existencia de una "cultura del despilfarro" en el Estado. Pocos toman nota. Los abusos deben ser perseguidos y sancionados con igual celo en el sector público que en el privado.