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Editorial
Miércoles 01 de octubre de 2014
Aportes reservados a la política
En muchos casos, esta decisión parece ser más bien de índole pragmática y dice relación con las dificultades prácticas que supone impedir dicho financiamiento. Un caso emblemático es Estados Unidos, donde las empresas están impedidas de aportar a los candidatos...
Ha surgido, a propósito de presuntas irregularidades en el financiamiento de las campañas y de una disposición en la tramitación de la reforma al sistema electoral que pone fin a las donaciones reservadas, un debate incipiente respecto del financiamiento privado en la política, en particular de las empresas. En la mayoría de los países se acepta la donación de empresas a los postulantes a cargos de representación ciudadana. Así, de acuerdo con el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), el 71 por ciento de los 165 países que tiene registrados en su base de datos no prohíbe las donaciones de las empresas a los candidatos.
En muchos casos, esta decisión parece ser más bien de índole pragmática y dice relación con las dificultades prácticas que supone impedir dicho financiamiento. Un caso emblemático es Estados Unidos, donde las empresas están impedidas de aportar a los candidatos, pero utilizan múltiples canales legales para influir en la política de esa nación. Incluso en los casos en que aparentemente esa restricción ha sido más exitosa, como sería Francia, se argumenta que ello ha sido factible con un financiamiento público imposible de replicar en otras naciones. Y aun así surgen regularmente dudas respecto del grado en que se cumple efectivamente la prohibición legal definida en ese país europeo.
Sin que se haya desarrollado un adecuado debate, hay voces que sugieren acabar con el mecanismo de donaciones reservadas, pero que, curiosamente, muestran mucha incomprensión respecto de su funcionamiento. Se cree que ellas son reservadas para el público, pero conocidas por los candidatos. Sin embargo, también son reservadas para el candidato. El donante no puede demostrarle que realmente le donó lo que afirma. El candidato, a su vez, no tiene forma de saber si lo que se le dice es efectivo y, por tanto, tiene independencia respecto de sus donantes potenciales. Por ejemplo, en la campaña electoral pasada la Presidenta Bachelet recibió cerca de 77 mil UF de aportes reservados. Si el monto máximo que se le puede donar a una persona jurídica es de mil 500 UF, es indudable que, para efectos prácticos, hay reserva y ella no pierde independencia ante sus donantes. Algo similar se puede decir acerca de otras candidaturas. Pueden existir casos donde hay una sola donación y, por lo tanto, pese a un traspaso fraccionado de esta, haya más posibilidades de establecer el vínculo entre donante y candidato. Estas situaciones pueden requerir de revisión, pero cuando ello ocurre, como los límites por donante no son particularmente elevados, la donación no parece ser muy determinante como para obligar al candidato.
El mecanismo de las donaciones reservadas, entonces, tiene grandes virtudes y es una forma razonable de canalizar el aporte de las empresas a la política. Es difícil pensar que a través de esta vía puedan comprar influencia. De hecho, la evidencia disponible no sugiere que el financiamiento de las candidaturas sirva para estos propósitos. En cambio, sí puede servir para lograr mayor visibilidad de los candidatos con la ciudadanía, para mejorar los niveles de información del público, para promover candidatos nuevos y, en general, para elevar la competencia de la política. Tiene la virtud, además y en contraste con la transparencia, de que puede evitar la extorsión desde los políticos a los donantes. Por supuesto, para que funcione aun mejor este esquema, deberían existir sanciones ejemplarizadoras para las empresas o personas que eludan los mecanismos legales establecidos. Quizás en esta dimensión la ley podría mejorarse. Terminar con los aportes reservados, en cambio, podría ser muy dañino y motivar un financiamiento informal que perjudicaría todavía más la credibilidad de la política nacional.