Controversia ha generado la tramitación de una serie de modificaciones a la Ley 19.327 de violencia en los estadios, que tienen por objeto luchar con mayor eficacia contra los delitos en los recintos deportivos.

Se trata de la segunda modificación a la ley, que comenzó a regir en 1994, ya que hace solo dos años se estableció una serie de nuevas disposiciones para responsabilizar a los clubes organizadores de todos los aspectos relacionados con la seguridad (lo que implicó medidas como la contratación de guardias privados e inversión en infraestructura).

El nuevo texto legal, que actualmente se discute en el Parlamento, establece en uno de sus aspectos centrales que la policía uniformada "deberá supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ley". De esta forma, los guardias privados seguirían siendo los principales responsables de la seguridad, pero Carabineros tendría un rol relevante en las afueras del recinto y en lugares estratégicos dentro de este. La normativa contemplaría multas a los clubes cuando, por insuficiencia de los guardias privados, deba intervenir la fuerza pública.

Adicionalmente les entrega nuevas facultades a los intendentes, los que podrían estar en posición de suspender un partido por razones fundadas en el resguardo del orden público.

Las modificaciones han sido rechazadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), institución que aduce "un exceso indebido de injerencia de la autoridad" en los espectáculos deportivos, alertando que ello podría poner en peligro la realización en Chile de la Copa América 2015.

Es evidente que los múltiples casos conocidos dan cuenta de que la ley por sí misma no ha sido del todo efectiva para superar los problemas de violencia en los estadios y, en este sentido, se impone una nueva modificación que la perfeccione. Dentro de las medidas propuestas, parece conveniente que Carabineros no se desligue completamente de su responsabilidad de mantener el orden público en este tipo de espectáculos. Mal que mal, en cualquier lugar donde hay un número significativo de personas (aeropuerto, centro comercial, marcha, etc.) es necesaria, por prudencia, la presencia de la fuerza pública.

Lo que no puede ocurrir, sin embargo, es que -como en el pasado- los privados traspasen todo el costo de la responsabilidad a Carabineros y que, como consecuencia de ello, la ciudadanía vea mermada su seguridad por el alto número de efectivos destinado a este tipo de espectáculos.

Lo razonable, por consiguiente, es que Carabineros asuma un rol más activo en la fiscalización de las medidas de seguridad privada y que controle su cumplimiento, además de mantener un destacamento pequeño para el caso de que -pese a haberse tomado todas las medidas posibles- la seguridad privada se vea superada.

En este sentido, imponer multas ante la eventualidad de que Carabineros deba actuar no parece pertinente, y representaría un precedente muy negativo para otros ámbitos. Sería más conveniente que, por el contrario, las multas estén destinadas al caso de comprobarse una planificación negligente de las medidas de seguridad por parte del organizador.