Señor Director:

El Gobierno ha insistido en aprobar con suma urgencia su proyecto de ley que pone fin a la selección, al financiamiento compartido y al lucro en los colegios particulares subvencionados (CPS). ¿Por qué tanto apuro? Simple: mientras más rápido, menos capacidad de reacción, de modo que, en dos años más, con CPS cerrados, a la gran mayoría de los padres de clase media no les quedará más opción que volver a los colegios fiscales.

Pero, ¿cuál es el fin último que justifica esta estrategia? Terminar con nuestro sistema de provisión mixto, para transformarlo en uno casi 100% fiscal, tolerando -solo por ahora- el 7% particular pagado, más el mínimo porcentaje de CPS sin fines de lucro que se someterá a los designios del Gobierno.

Sin embargo, el Gobierno no ha considerado que los padres ya escogieron CPS para sus hijos, por lo que a ellos les va a afectar gravemente su libertad de enseñanza garantizada por la Constitución.

Por lo tanto, a los padres a quienes se les va a cerrar el colegio, o transformar en particular pagado por responsabilidad del Gobierno con su proyecto, les queda confiar en que las instituciones funcionen y que sea el Tribunal Constitucional -vía control preventivo del proyecto de ley, o ex post , vía inaplicabilidad deducida en varios juicios a iniciar por padres y sostenedores- el que declare esta inconstitucionalidad, consistente en la vulneración del derecho de los padres a elegir el colegio para sus hijos, lo que por supuesto también rige para quienes ya escogieron un CPS con fines de lucro.

¿O el Gobierno genuinamente cree que los padres van a estar felices porque, según uno de sus eslóganes, en el futuro tendrán más libertad para elegir "otros" colegios? Definitivamente la promesa de no cerrar colegios solo podrá cumplirse gracias a la Constitución. Otra opción, más eficiente, es que este y otros vicios constitucionales del proyecto sean corregidos por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, trámite que hasta ahora no está contemplado en su tramitación.

Espero que el Gobierno recuerde que la judicialización ha paralizado otros sectores y que, en vez de hacer fracasar con suma urgencia su reforma educacional en tribunales, enmiende su estrategia a tiempo.

Eduardo Escalona

Abogado, asesor de Conacep