Un nuevo atentado extremista afectó este sábado a la Ruta 5 en La Araucanía, con un resultado de cinco heridos, cuatro camiones quemados y varios vehículos baleados, incluidos buses con pasajeros. Propaganda indigenista fue esparcida en el lugar. Este caso es el más grave de su especie registrado hasta ahora y, por desgracia, nada permite anticipar que no se repitan otros similares o peores en cualquier momento o punto de la vía en esa vasta zona.

Aunque estos brutales hechos se reiteran también con incesante regularidad en caminos transversales, lo que está sucediendo en la Ruta 5 supera con mucho un problema regional de suyo gravísimo, para configurar un problema nacional de prioritaria urgencia, que exige una reacción impostergable y eficaz del Gobierno y de todos los poderes y órganos públicos.

El intendente Huenchumilla ha tratado de sostener un equilibrio entre el "problema mapuche" y las necesidades de desarrollo socioeconómico de la región a su cargo, en rápido y próspero avance hace un par de décadas -incluso a ritmo de líder-, pero hoy en declive. Su programa específico para la población que invoca ancestro mapuche existe, ha sido discutido con La Moneda y cabe presumir que se reflejará en una congruente prioridad en la formulación del presupuesto para 2015. El grueso de esa población debe percibir que, efectivamente, hay un compromiso serio de toda la sociedad chilena por brindarle condiciones de vida tendientes a una igualdad de oportunidades.

Sin perjuicio de esta arista económica, sigue también abierta aquella cultural, para preservar y valorar debidamente todo lo pertinente. Hay consenso en su necesidad y justicia. Sin embargo, no se observan aún adelantos significativos tangibles, ni anuncios concretos sobre cómo se aspira a avanzar en esta materia. Ella tiene amplias y enriquecedoras proyecciones, pero supone una cuidadosa preparación y ejecución de las acciones correspondientes.

Pero nada de lo anterior podrá realizarse si no se garantizan el orden y la seguridad públicos en La Araucanía. El desarrollo de esta ya muestra índices y tendencias -pobreza, por ejemplo- rotundamente negativos. La imposición de este estado de cosas por una minoría violenta a una población regional entera es un grave asunto nacional. El intendente y otras voces han repetido muchas veces que hay que "aislar" a quienes recurren a la violencia, pero eso no se observa en la práctica. Por el contrario, se evidencia una angustiosa ineficacia de las policías, del Ministerio Público, del Poder Judicial y, por cierto, del Ejecutivo, que por definición tiene la responsabilidad primera. Se ignora cuáles son los pasos que el Gobierno contempla dar para revertir este curso de los hechos, y la autoridad aparece claramente sobrepasada. En un momento, ella criticó las cámaras de vigilancia de la carretera. Se entiende que ellas fueron cambiadas, pero eso no incidió en el impune atentado del sábado: la autoridad no tuvo alerta temprana, Carabineros tardó mucho en llegar.

El país necesita una explicación atendible de este caso, pero mucho más aún necesita al menos un enunciado formal preciso de qué se propone hacer el Gobierno -no ya el intendente- respecto del sombrío cuadro que se vive. Transcurridos 6 meses en el poder, es impostergable conocer qué política sobre La Araucanía seguirá La Moneda en los próximos 3 años y medio. Básicamente, solo se sabe que no aplicará la Ley Antiterrorista, pero eso, además de sorprendente, no constituye un programa de acción. No cabe seguir de atentado en atentado pidiendo informes a Carabineros, sin efecto práctico mayor.

A todo evento, debe ser intransable que la Ruta 5, columna vertebral del país para el desplazamiento de personas y carga -el más básico tránsito de los chilenos-, no puede quedar entregada a la voluntad de extremistas capaces de interrumpirla en cualquier momento y, con ello, cortar el territorio nacional en dos, a su voluntad e impunemente. En esencia, es como si atentaran frente a la sede de gobierno, una y otra vez, y sin sufrir sanción. Chile no puede deslizarse en experiencias de pérdida de control sobre zonas de su territorio, como las que han sufrido Colombia y otras naciones latinoamericanas.