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RenovarNoticias
Lunes 29 de septiembre de 2014
Diputados de la Alianza presentarán proyecto de ley que endurece sanciones por "colusión"
Iniciativa busca que sanciones a quienes atenten contra la libre competencia sean "proporcionales al daño generado a la sociedad".
A. von Baer y N. Guzmán
Esta semana, los diputados Felipe Kast (Evópoli), Jaime Bellolio (UDI) y José Manuel Edwards (RN) esperan ingresar al Parlamento un proyecto de ley que modifica la Ley del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
La iniciativa busca establecer cambios al mecanismo de multas que dicta la legislación vigente para casos en que se atente contra la libre competencia, con el objetivo de sancionar a las empresas de forma "proporcional al daño generado a la sociedad".
La propuesta de los diputados -miembros de la comisión de Economía de la Cámara Baja- se presentará luego que el TDLC multara la semana pasada a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por un total de US$ 60 millones.
"Aun cuando la multa es la más alta aplicada a estos delitos, no deja de ser desconcertante lo bajo del castigo en relación a los potenciales beneficios o daños que generó la colusión. Claramente, las multas no tienen relación con el daño que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) documentó", afirma Kast.
Así, Kast hace referencia a un informe elaborado en 2013, a solicitud de la FNE, por el actual ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, y el economista José Luis Lima. En el texto se señala que la colusión en la industria avícola causó daños a la sociedad por US$ 1.600 millones.
Agrosuper y Ariztía fueron multadas con el máximo que permite la ley, es decir 30.000 unidades tributarias anuales, equivalentes a US$ 25 millones, lo que correspondería a un 4% del daño causado por estas prácticas colusivas.
En la propuesta de Kast, Bellolio y Edwards se indica que "mientras no se incremente el costo de incurrir en graves delitos contra la competencia, seguiremos siendo testigos de casos bullados como el de Farmacias y los Pollos. El camino es que la multa máxima se relacione directamente con el costo social -directamente relacionado con el beneficio económico obtenido por la empresa- asociado a la conducta sancionada".
Los legisladores solicitarán, además, una cita al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, para pedir la conformación de un equipo transversal que evalúe la pertinencia de implementar penas de cárcel a quienes atenten gravemente contra la libre competencia.
Esta semana, los diputados Felipe Kast (Evópoli), Jaime Bellolio (UDI) y José Manuel Edwards (RN) esperan ingresar al Parlamento un proyecto de ley que modifica la Ley del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
La iniciativa busca establecer cambios al mecanismo de multas que dicta la legislación vigente para casos en que se atente contra la libre competencia, con el objetivo de sancionar a las empresas de forma "proporcional al daño generado a la sociedad".
La propuesta de los diputados -miembros de la comisión de Economía de la Cámara Baja- se presentará luego que el TDLC multara la semana pasada a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por un total de US$ 60 millones.
"Aun cuando la multa es la más alta aplicada a estos delitos, no deja de ser desconcertante lo bajo del castigo en relación a los potenciales beneficios o daños que generó la colusión. Claramente, las multas no tienen relación con el daño que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) documentó", afirma Kast.
Así, Kast hace referencia a un informe elaborado en 2013, a solicitud de la FNE, por el actual ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, y el economista José Luis Lima. En el texto se señala que la colusión en la industria avícola causó daños a la sociedad por US$ 1.600 millones.
Agrosuper y Ariztía fueron multadas con el máximo que permite la ley, es decir 30.000 unidades tributarias anuales, equivalentes a US$ 25 millones, lo que correspondería a un 4% del daño causado por estas prácticas colusivas.
En la propuesta de Kast, Bellolio y Edwards se indica que "mientras no se incremente el costo de incurrir en graves delitos contra la competencia, seguiremos siendo testigos de casos bullados como el de Farmacias y los Pollos. El camino es que la multa máxima se relacione directamente con el costo social -directamente relacionado con el beneficio económico obtenido por la empresa- asociado a la conducta sancionada".
Los legisladores solicitarán, además, una cita al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, para pedir la conformación de un equipo transversal que evalúe la pertinencia de implementar penas de cárcel a quienes atenten gravemente contra la libre competencia.
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