Señor Director:

Nuestra Constitución Política, en su artículo 52, da a la Cámara de Diputados como atribución exclusiva la fiscalización de los actos de gobierno y para ello en la letra c) del mismo artículo la autoriza para crear comisiones investigadoras especiales con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno.

No cabe duda, entonces, de que la facultad de las referidas comisiones está limitada a lo expresado en estas disposiciones. No pueden crearse para investigar otros actos, ya que el artículo 7 de la citada Constitución prohíbe terminantemente que los órganos del Estado se atribuyan otra autoridad o derechos que los que les han conferido la Constitución y las leyes, declarando que todo acto en contravención a lo ya dicho es nulo.

Todo lo anterior los diputados deben saberlo, ya que junto con asumir sus cargos se supone que deben haberse informado de en qué consisten sus facultades y obligaciones. Sin embargo, al parecer leen la primera parte de la disposición que los faculta para formar comisiones investigadoras, pero no terminan de leerla en la parte que se refiere al objeto de la investigación.

Según la prensa, en estos momentos se proponen investigar los aportes hechos por Penta a los candidatos en las últimas elecciones, es decir, actos que no pueden imputarse al Gobierno.

No es primera vez que incursionarían en lo que no les corresponde, así, por ejemplo lo hicieron cuando se dedicaron a investigar el lucro en las universidades privadas, y recuerdo también que lo hicieron respecto de la rendición de cuentas de Jocelyn-Holt. Pareciera que tuvieran vocación de fiscales más que de legisladores.

Aunque todo lo que hacen equivocadamente se deba terminar declarándolo nulo absolutamente, lo cierto es que infringen disposiciones constitucionales y malgastan el tiempo que tan generosamente les pagamos todos los chilenos.

Raquel Camposano Echegaray