La secuela de asaltos a bancos, joyerías y cajeros automáticos en la capital sugiere que se está estructurando en el país una suerte de eficaz "profesionalización" de especialidades delictivas, acrecentando el desafío para las capacidades de prevención y control del aparato estatal.

Los hechos conocidos respecto de los coordinados modos de operación y cuantiosos medios utilizados dan cuenta de este fenómeno.
Este jueves 25, cinco encapuchados asaltaron una joyería en el mall Alto Las Condes (tercera vez en 20 meses que esta empresa es atacada: en enero de 2013 en ese mismo mall , y en mayo pasado, en su local en el Parque Arauco). Los encapuchados actuaron con combos y hachas, y amenazaron con armas de fuego a los empleados. Misma fecha, en Pudahuel, al mediodía: seis individuos armados ingresaron a una sucursal bancaria y obtuvieron un botín de 45 millones de pesos, 20 mil dólares y 7 mil euros. A la misma hora, tres hombres escapaban con 20 millones de pesos en dinero y especies desde una casa en Providencia.

En agosto, el blanco fue un banco dentro de la Clínica Las Condes. El 8 de enero, un caso similar ocurrió en la Clínica Las Lilas, en Providencia, con balacera incluida. El 28 de mayo, una bomba destruyó el dispensador de dinero en la cafetería de la Clínica Indisa, y otro cajero en el estacionamiento subterráneo de la misma. El 29 de julio, otra joyería en el mall Plaza Sur, en San Bernardo (segundo asalto en el año a la misma empresa; otro local lo había sido, con éxito, el 26 de mayo). El 5 de mayo, asalto a una joyería en calle San Diego, con resultado de muerte por disparo para su propietario. El 2 de mayo, asalto a otra joyería en Providencia, en el que no solo arrancaron la caja fuerte con oxicorte, sino que además se llevaron hasta las cámaras de seguridad y el computador que almacenaba las imágenes respectivas.

Algunas voces oficiales hablan de hechos aislados, pero la población no se llama a engaño y se extiende entre las víctimas una sensación de indefensión e irritación ante la ineficacia de la acción del Estado.

La actuación de las instituciones policiales, persecutoras y judiciales no logra tranquilizar a la opinión pública que, paralelamente al fenómeno delictivo general, observa inquieta el desarrollo de los atentados con bombas, la expansión del narcotráfico y la violencia en La Araucanía. Una reacción eficaz -que solo puede ser responsabilidad del Gobierno- se torna cada día más urgente. Chile corre el riesgo de igualarse con los cuadros de violencia delictiva que afectan a otros países latinoamericanos. La Presidenta Bachelet ha dicho en la ONU que Chile es un país seguro. La población quiere poder compartir esa visión.