Con una nota promedio de 4,5 -en una escala de 1 a 7- califican el trabajo de los tribunales de justicia sus usuarios directos, según un estudio de opinión encargado por el propio Poder Judicial y dado a conocer recientemente.

El sondeo consideró a 700 personas, que fueron entrevistadas al interior de juzgados de familia, civiles y orales en lo penal, en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Al ser la primera vez que se realiza este estudio, no existen datos con los cuales comparar sus resultados, pero la nota obtenida solo puede ser un llamado de atención para las autoridades de este poder público. En esta línea, vale la pena recordar que la última encuesta nacional del Centro de Estudios Públicos, realizada en julio pasado, mostró que un 75 por ciento de los chilenos desaprueba la forma como los jueces están desarrollando su labor, una cifra que incluso es muy superior al 50 por ciento que desaprueba la labor del Congreso.

El estudio arroja información valiosa acerca de los aspectos y percepciones que los usuarios peor califican, destacando la lentitud en la resolución de los casos, la burocracia, el favoritismo hacia los amigos, los eventuales sobornos y coimas, el abuso de poder, y la preferencia que tendrían los ricos y poderosos. Por su parte, la mejor calificación la obtienen los tribunales de familia, con un 5,0, cuyas notas más altas provienen de la atención, infraestructura, capacitación de funcionarios, amabilidad en el trato, rapidez en la resolución de casos y claridad y facilidad para entender el lenguaje que utilizan.

El que se haga un estudio de este tipo debe ser mirado favorablemente, pues demuestra el interés de la magistratura por tener elementos para diagnosticar adecuadamente los problemas que tiene. Lo mismo se puede decir respecto del Índice del Poder Judicial, un novedoso instrumento de autoevaluación que se construye sobre la base de indicadores de gestión y de encuestas realizadas a lo largo del país, recogiendo la opinión de seis tipos de actores relevantes para el sistema de justicia: usuarios, jueces, funcionarios, abogados, expertos y administradores de tribunales.

Con todo, es importante que de los diagnósticos se pase a la acción, en lo que hay aspectos concretos que atacar. Así, por ejemplo, si bien la percepción de favoritismo hacia ricos y poderosos no es un ámbito directo de intervención, sí lo es la lentitud en la resolución de los casos, el aspecto peor evaluado por los usuarios y el que, paradójicamente, más debería haberse visto beneficiado por los nuevos sistemas de justicia familiar y penal.

Aquí, la intencionalidad con que actúe la Corte Suprema es clave para avanzar. Su presidente deberá ser capaz de desafiar la burocracia e inercia interna con que el máximo tribunal tiende a comportarse y que en el pasado ha hecho inefectivos estos desafíos organizacionales.