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Cartas
Lunes 22 de septiembre de 2014
Gratuidad en educación superior
Señor Director:
La verdadera restricción presupuestaria de una sociedad es su PIB, no su gasto público. Por eso es importante determinar el gasto total que hace una sociedad en sus políticas sociales y su composición.
En este momento, en Chile gastamos en aranceles de educación superior cerca de 3.800 millones de dólares , de los cuales 600 se financian con becas, y el resto con el lema "cada uno se paga a sí mismo" (más bien los padres de los más ricos, más el endeudamiento de quienes no pueden pagar). De este gasto en aranceles, el del 10% más rico representa el 25%, aproximadamente; es decir, ellos gastan (en sí mismos) US$ 950 millones, mientras que el 90% más pobre gasta cerca de US$ 2.250 millones (descontando las becas).
Si la educación superior se financiara con impuestos progresivos (como se cree recauda la reforma tributaria) o especial a los graduados, el 10% más rico terminaría contribuyendo con el 65% del gasto; es decir, US$ 2.470 millones, mientras que el 90% más pobre contribuiría con US$ 1.330 millones. Con eso se financia la gratuidad para todos, y eso, obviamente, no es regresivo.
El país ya gasta US$ 3.200 millones en aranceles (descontando becas). No entiendo por qué hay quienes no ven el uso alternativo de esos recursos, de los cuales, además, el 90% más pobre aporta la mayor parte.
Adicionalmente, compartiendo la preocupación de que hay muchas necesidades de redistribución, la reforma tributaria precisamente buscaba no usar los actuales recursos públicos, sino que financiar la reforma educativa a través de nuevos impuestos.
La gratuidad universal de la educación superior tiene algunos pros y contras que discuto más extensamente en otros textos. Los contras no tienen que ver con la regresividad ni tampoco con la calidad. Podríamos superar este tema y pensar en los otros.
Claudia Sanhueza
Economista Instituto de Políticas Públicas, UDP