Seguridad: compromiso con los resultados

Aun cuando las reformas que en otros ámbitos impulsa el Gobierno continuarán su curso, el tema de la seguridad muy probablemente dominará la discusión de los próximos meses, tanto por las iniciativas que ha anunciado la autoridad, y que deberán enviarse a trámite legislativo, como por la urgente necesidad de resultados en la persecución y sanción de los graves hechos sufridos por el país. La detención el jueves de tres jóvenes a quienes se les imputa participación en los últimos atentados con bombas, incluidos los del Metro, debiera servir como un aliciente para aclarar en su totalidad una serie de otros delitos que no se circunscriben solo a la delincuencia terrorista. Respetando la presunción de inocencia de los imputados, cabe coincidir con el presidente de la Corte Suprema en que "lo que deben esperar todos los chilenos es que el sistema de justicia va a funcionar".

En ese contexto, es valiosa la decisión mostrada por el núcleo de colaboradores más cercanos de la Presidenta para enfrentar la violencia extremista. El ministro Peñailillo asumió un compromiso explícito, reconociendo que, tras una década de atentados explosivos que permanecen impunes, ya no se puede hablar de plazos, sino de lo imperioso de que sus responsables "no estén un día más en la calle". La firme condena al violentismo y la voluntad de combatirlo contrastan con la lamentable ambigüedad que en estas materias mostraban hasta hace muy poco las dirigencias de la Nueva Mayoría. Afortunadamente, ya en ese sector surgen quienes cuestionan actitudes como las antes asumidas a propósito del llamado caso Bombas, cuando se llegó a hablar livianamente de "montaje" para descalificar una investigación y sus diputados presionaban a la fiscalía para darle pronto fin. Igualmente, y a diferencia de lo que se sostenía semanas atrás, hoy se extienden las voces que reconocen la necesidad de una normativa antiterrorista que permita perseguir con eficacia a sus responsables, y no de una que, en los hechos, resulte virtualmente imposible de aplicar.

El reconocimiento de la existencia de grupos de terroristas y la comprensión de la gravedad de sus actos fueron esenciales para su exitosa desarticulación a principios de la década de 1990. Hoy resulta crucial recuperar la lúcida visión de quienes, como el subsecretario Belisario Velasco, supieron enfrentar el violentismo utilizando sin complejos las herramientas de la institucionalidad.

Persecución policial

Si bien el actuar terrorista aparece en el centro de las preocupaciones actuales, la necesidad de obtener resultados en la persecución criminal es parte de un fenómeno más amplio en materia de seguridad. Sucesivos asaltos a camiones de valores, que evidencian preparación y manejo de importantes recursos por parte de sus autores; una seguidilla interminable de ataques a cajeros automáticos, y el insólito caso del llamado "robo del milenio", en el aeropuerto de Santiago, dan cuenta de una actividad delictual que crece en sofisticación y de organismos policiales y entidades del Estado que aparecen superados por ella.

Ante ese cuadro, puede constituir un aporte la revisión de la experiencia comparada. Con todo, no será la mera emulación de otros modelos lo que mejorará el trabajo de nuestras instituciones. Antes bien, corresponde asumir la realidad de estas, reconocer sus muchos elementos positivos y a partir de ellos corregir deficiencias. En el caso de la policía uniformada, por ejemplo, la disciplina, honestidad y vocación de servicio que caracterizan a sus miembros constituyen activos invaluables; con todo, es imperativa la modernización de sus métodos y la superación de esquemas operativos limitados por la territorialidad. También la PDI, la policía investigativa por antonomasia, debe mejorar sus resultados de modo sustantivo.

Los fiscales, los jueces y sus responsabilidades

En el caso del Ministerio Público, las muchas expectativas que suscitaron sus actuaciones iniciales, cuando se ponía en marcha la reforma procesal penal, están hoy lejos de haber sido satisfechas. El diseño original concebía a los fiscales como verdaderos líderes, con capacidades sobresalientes para conducir y coordinar los esfuerzos investigativos; la progresiva burocratización de la institución parece, sin embargo, estar cobrando un precio. Figuras que en los primeros años llamaron la atención por su desempeño se han ido alejando -lo que no es en sí mismo negativo, en cuanto refiere la valoración que en otros ámbitos se hizo de su labor-, mientras sus sucesores se observan abrumados por la acumulación de casos y constreñidos por las rutinas. Así, la demanda por una "carrera funcionaria", ajena al espíritu que presidió la creación del Ministerio Público, ha tomado un lugar protagónico en su discurso.

En el Poder Judicial, en tanto, mientras se extienden discutibles concepciones doctrinarias, sorprende la incapacidad de ciertos jueces para comprender lo que la sociedad reclama de ellos: satisfacer demandas básicas de justicia, haciendo cumplir la ley. No es el estrado una tribuna para expresar visiones de país o decidir arbitrariamente prescindir de ciertas normativas. Tampoco puede ser indiferente para los magistrados el que personas absueltas por ellos y hasta beneficiadas con millonarias costas sean luego detenidas en el exterior, acusadas de los mismos delitos de los que en Chile se las exculpó.