Señor Director:

El cardenal Silva Henríquez era partidario del perdón para que la población de Chile, tan dividida, pudiera encaminarse hacia una convivencia democrática y pacífica. Estaba convencido de que "la mejor forma de asegurar la futura democracia es abandonar toda clase de venganza contra los militares", que "es torpe, aunque humano, exigir justicia y venganza tras el término del régimen militar, porque eso nos conduciría a una espiral de violencia" y que "los militares chilenos no querían entrar en el gobierno, pero los chilenos en su mayoría les exigimos y les impulsamos a esta tarea. Contribuyó también la torpeza de socialistas y comunistas, que intentaban instaurar la dictadura del proletariado" (Márquez de la Plata, Alfonso. "Cinco presidentes y el poder", Maye, Santiago, 2006).

En relación con la posición del cardenal Silva Henríquez y su apoyo a la Ley de Amnistía (DL 2191 de 1978), monseñor Alfonso Baeza declaró en "El Mercurio" el 8 de julio de 2007: "El cardenal veía el decreto como un gesto de reconciliación que iba a beneficiar a uno y otro lado". Lamentablemente, se han aplicado la amnistía y el indulto a guerrilleros y terroristas, pero no a los militares que tuvieron la penosa e ingrata tarea de reprimir la acción de aquellos.

No debemos olvidar que "la responsabilidad principal del grueso de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la etapa posterior al 11 de septiembre del 73 corresponde a quienes desataron la situación de guerra civil, más que a aquellos militares que cometieron esos actos como parte de la difícil tarea de conjurar la guerra civil. No estoy señalando que esos uniformados que hayan transgredido los derechos humanos no tengan responsabilidad en los hechos. Lo que quiero decir es que los máximos dirigentes de la Unidad Popular tienen una responsabilidad todavía mucho mayor en los dolores que sufrieron sus seguidores, como resultado del cuadro de guerra civil al cual los arrastraron" (Guzmán Errázuriz, Jaime. Entrevista publicada en "El Mercurio" el 10 de marzo de 1991).

Sea como fuere, incluso los militares culpables de tales crímenes, cometidos en un contexto histórico de una enorme violencia y convulsión social -y que, esperamos, no vuelva a repetirse-, tienen derecho a que se les aplique la misma ley que les fue aplicada a los subversivos armados que cometieron gravísimos asesinatos y atentados contra instalaciones y servicios públicos y privados. Eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado