No es sorpresa que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) sea completamente inútil para combatir a grupos terroristas y a organizaciones que amenazan la seguridad nacional. Esa fue la voluntad del Gobierno y de los parlamentarios que aprobaron su estatuto. Se diseñó con irrelevantes funciones operativas, sin autorización para infiltrarse y sin poderes de dirección, coordinación y supervisión de los servicios de inteligencia de las policías y de las Fuerzas Armadas y, consecuentemente, de escaso interés para los servicios extranjeros que cooperan en el combate de los delitos transnacionales y de ninguna importancia para los terroristas.

Debería suprimirse la agencia existente y, en vez de establecer otra burocracia, crearse el cargo de un director nacional de Inteligencia, sujeto a la aprobación del Senado, dependiente del ministro a cargo de la seguridad pública y con claras obligaciones para rendir cuentas a una comisión especial del Parlamento. Para su desempeño debería contar con un consejo asesor y un gabinete reducido y de altísimo nivel, y disponer de amplios poderes, aunque algunos compartidos, sobre la dirección, presupuesto, supervisión, nominación, coordinación y reorganización de las reparticiones existentes a cargo de las operaciones inteligencia, las únicas con facultades operativas.

Una estructura semejante fortalecería la acción antiterrorista y modernizaría a las instituciones policiales con más medios y mayor especialización y eficacia para sus tareas de inteligencia. Por cierto que para estos cometidos deben contar con la capacidad de realizar operaciones encubiertas y restituírseles poderes tan elementales como el control de identidad.

Sería una ilusión recrear la ANI con más poderes o clonarla en una nueva repartición para reclutar y capacitar personal con credenciales para la obtención, interpretación e implementación de las informaciones de detección de amenazas y captura de responsables de terrorismo y grupos que pongan en peligro la seguridad nacional. Seguro que con algo similar a la ANI repotenciada habría cuoteo político, burocracia, exposición a la infiltración, un elevado riesgo de autonomía impropia, grandes posibilidades de manipulación para ocultar sus abusos e incompetencias y, especialmente, el peligro de transformarla en un instrumento para defender al gobierno de turno y espiar a los opositores.