Se han cumplido seis meses de gobierno de la Presidenta Bachelet y de la Nueva Mayoría. El primer compromiso -las 56 propuestas del programa a cumplir en 100 días- se cumplió casi en su totalidad. Eso le otorgó al Gobierno un protagonismo sustantivo en la conducción de la agenda política, económica y social, y permitió, además, orientar a toda la estructura de gobierno en función de los objetivos a cumplir dispuestos por el programa.

Al cumplirse seis meses, como todo gobierno, ha tenido, tiene y tendrá desafíos nuevos. Los desastres naturales -como el terremoto en el norte, el incendio en Valparaíso y la sequía, por colocar los más relevantes- más la convicción y la certeza de que la profundidad de la desaceleración económica es mayor a la prevista en nuestros diseños originales. Por otra parte, a partir de la bomba en el metro Los Dominicos y la bomba en la Escuela Militar, el Gobierno enfrenta un desafío mayor por las implicancias de estos últimos incidentes. Es decir, el Gobierno tiene que simultáneamente retomar la agenda programática, enfrentar las tareas de seguridad y orden público, y generar las condiciones desde el Estado para reimpulsar la actividad económica.

Fácil decirlo, el problema es cómo hacerlo. A partir de la primera reforma estructural lograda -la tributaria-, que no obstante todas las concesiones gubernamentales mantuvo sus objetivos centrales, es decir, los tres puntos del PIB, alrededor de US$ 8.300 millones, pero además logrando esta recaudación de manera redistributiva, cualquier otra concesión gubernamental queda supeditada a estos objetivos centrales logrados. En otras palabras, el Gobierno ya cuenta con una base material-financiera para enfrentar los compromisos programáticos. En esta perspectiva y en materia de agenda, es imprescindible en el área de educación priorizar los siguientes objetivos: darle mucha visibilidad al programa preescolar, les recuerdo que esto implica 4.500 salas cuna nuevas, 1.200 jardines infantiles nuevos, lo que se traduce en 124 mil nuevos cupos en la educación preescolar. Eso es posible, porque se aprobó la reforma tributaria. El objetivo político es evidente, darles materialidad en el mejoramiento de la calidad de vida a los números de la reforma tributaria. Un segundo objetivo en esta área es apurar el despacho en el Parlamento de los temas de selección, lucro y copago. El tema del copago generará un impacto en más de un millón de familias chilenas, dado que la creación de nuevos subsidios permitirá que el 70% de los padres y apoderados, que hoy día cofinancian la educación particular subvencionada, transiten a la gratuidad. Asimismo, como estas nuevas subvenciones también llegan a la educación municipal, habrá un impacto profundo en más del 85% de la matrícula escolar chilena. Esto se puede lograr gracias a la reforma tributaria.

Siguiendo con la agenda, es imprescindible, en mi opinión, terminar con el binominal y llegar a rápidos acuerdos con las fuerzas políticas en el Senado, de tal manera de lograr otro objetivo estratégico. Asimismo, el Presupuesto 2015 debe ser profundamente reactivador, asumiendo el Estado la responsabilidad, en lo que le corresponde, de reactivar nuestra economía. Finalmente, en esta materia, es fundamental enviar las reformas laborales en el último trimestre, no solo con el objeto de cumplir un compromiso programático sino también porque es imprescindible que la ciudadanía comprenda que el trabajo no solo debe ser decente, sino también justo en lo que dice relación con las condiciones laborales frente al empresariado.

Por último, el desafío principal del Gobierno es en materia de seguridad. La sociedad chilena y el Estado democrático tienen todo el derecho a defenderse de quienes -incluso, atentando al principal de los derechos, que es la vida- buscan sembrar el terror y el miedo entre los chilenos. Por lo anterior, todas las fuerzas políticas, y en particular la izquierda de la Nueva Mayoría, deben apoyar sin complejo alguno a la Presidenta Bachelet y al ministro Peñailillo en todos aquellos mecanismos legales y administrativos que le permitan al Estado democrático chileno resguardar el principal de los derechos ciudadanos, que es vivir en paz.